Barcelona
Si a comienzos de semana la Generalitat cifró su déficit fiscal de 2021 en 21.982 millones de euros, ahora Junts per Catalunya incrementa la factura histórica del Estado con Cataluña a más de 450.000 millones de euros. La formación independentista sube así el precio a Pedro Sánchez de cara a una posible investidura en la que sus votos son vitales al tener en cuenta "los últimos 33 años de infrafinanciación" del territorio.
El partido de Carles Puigdemont cifra en 455.900 millones la deuda, que desglosa en un déficit de 50.900 millones en infraestructuras, 375.000 millones en partidas sociales y 30.000 millones en pensiones. Las conclusiones salen de una comisión del Parlament de Catalunya denominada Estudio sobre la Deuda Histórica del Estado con Cataluña.
Junts reclama, para empezar, que se condone la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para poner remedio a este pasivo acumulado. Este hecho, sostiene, serviría para enjugar aproximadamente 83.000 millones de euros. Además, pide también que se le permita recaudar todos los impuestos a través de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) y que se pacte una especie de cupo de solidaridad con el Estado.
Otra medida para recortar esta deuda histórica sería la creación de una agencia de Seguridad Social propia para tener competencias en materia de pensiones. Así solicitaría también recibir el 19% de los fondos europeos Next Generation con carácter retroactivo.
Por último, Junts reclama también que se ejecuten los compromisos alcanzados en materia de infraestructuras y se fijen plazos concretos para el pago de la disposición adicional tercera del Estatut que sirva para erigir los activos pendientes, como puede ser el Corredor mediterráneo o las inversiones pendientes en Rodalies.
En este campo concreto cuenta con el apoyo de buena parte del ámbito empresarial catalán, como Foment del Treball o la Cambra de Barcelona, que en repetidas ocasiones han denunciado los incumplimientos del Estado en materia de infraestructuras en el territorio catalán.
Clave en la investidura
Las exigencias de Junts no están directamente relacionadas con las negociaciones para investir a Sánchez pues la comisión parlamentaria nación hace dos años. Sin embargo, la presentación de las conclusiones sí coincide en el tiempo en el momento en que las formaciones independentistas están fijando el precio de su sí a la reelección del actual presidente del Gobierno.
Y la infrafinanciación es uno de los temas estrella tanto para la formación de Puigdemont como para Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Ahora, eso sí, las conclusiones de cada grupo serán sometidas a votación hasta la elaboración de un informe definitivo que será aprobado por el pleno.
Como ya explicó elEconomista.es, entre las peticiones de la formación independentista a Sánchez está terminar con este déficit fiscal, algo que debería quedar recogido en el Estatut en una vía para acercarse al cupo con el que cuenta el País Vasco y que siempre se pone como ejemplo en el territorio.
La deuda es otra de las denuncias realizadas por ERC repetidamente. Ya el lunes, la Generalitat realizó su presentación anual del déficit fiscal del Estado. Según sus cálculos hechos a partir de los flujos monetarios, en 2020 la deuda fue de 20.772 millones de euros y en 2021 ascendió a 21.982 millones de euros.
Estas cifras suponen hasta el 9,8% del Producto Interior Bruto (PIB) catalán en 2020 y el 9,6% del PIB en 2021, y equivalen al 50% del Presupuesto de la Generalitat para 2023, según explicaba en rueda de prensa la consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Natàlia Mas, junto a la subdirectora de financiación y sostenibilidad financiera, Montserrat Bassols.
La consejera catalana calificó los nuevos datos de "cifras escandalosas que se mantienen desde hace demasiado tiempo", y ha pedido que los debates sobre fiscalidad se liguen al del déficit fiscal.
Según ella, "hablar solo de impuestos ignorando lo que los catalanes pierden por el déficit fiscal es hacer trampa".
Estas reclamaciones dadas a conocer se suman a una carta que la consejera Mas remitió el viernes a la ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, en que reclama que el Gobierno dé a conocer lo antes posible la previsión para 2024 de transferencias estatales del modelo de financiación para las autonomías.
