
El intento de España de incluir el catalán, gallego y euskera entre los idiomas oficiales de la UE necesitará más trabajo en las próximas semanas. Ha sido en el seno del Consejo de Asuntos Generales, que tiene lugar este martes en Bruselas que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha tratado de dar un empuje a esta iniciativa. Sin embargo, se ha chocado con las reticencias de varios países del bloque, ante lo cual España ha propuesto priorizar la implementación del catalán frente al gallego y al euskera.
"Hemos propuesto iniciar su despliegue primero con el catalán y seguidamente con las otras dos lenguas", ha explicado ante la prensa el ministro de Exteriores. Es decir, como parte de una implementación gradual de la cooficialidad de estos idiomas en la UE, el catalán tendría prioridad respecto al gallego y el euskera.
Preguntado por los fundamentos para conceder tal ventaja al catalán respecto a las otras dos lenguas cooficiales en España, Albares ha justificado que algunos Estados miembro "han planteado que tres lenguas de una sola vez era algo más difícil" por lo que España ha abierto la puerta a que "el idioma cuyos representantes han solicitado con más insistencia", sea el primero en el despliegue. Así plantea "periodos transitorios" para culminar la implementación de los tres idiomas.
Albares ha concretado a sus homólogos que "no se trata de lenguas minoritarias". El número de hablantes del catalán, ha aclarado, "supera a varios idiomas ya oficiales de la UE", pues es hablado por más de 10 millones de personas. Se encuentra entre los quince primeros idiomas de la UE en número de hablantes, ha justificado el ministro español.
Lo que planteaba este punto en la agenda del Consejo de Asuntos Generales que tiene lugar hoy en Bruselas es abordar la iniciativa española que propone revisar el régimen lingüístico de la UE para incluir el catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales del bloque comunitario. Una propuesta que, atendiendo a las últimas posturas de los países de la UE, no parecía que fuera a fructificar.
La medida, que traslada las negociaciones de la investidura del líder socialista Pedro Sánchez a Bruselas, se articula como una de las ambiciones a cumplir con Junts para que ponga sus votos a favor de Francina Armengol en el Congreso de los Diputados. El pasado 17 de agosto España, que ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de la UE este semestre, pidió reconocer las tres lenguas cooficiales en España en el Tratado de la Unión Europea a cambio del favor de la formación catalana.
En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores ha indicado que el Gobierno ha cumplido con lo acordado con Junts de cara a la investidura. Aunque los países hayan solicitado más tiempo para explorar sus implicaciones.
Para que la iniciativa salga adelante es necesario unanimidad entre los Veintisiete Estados miembro. Sin embargo, Suecia, Finlandia y otra decena de países han manifestado algunas reservas. Sobre la mesa se han puesto las implicaciones económicas que tendría para la UE incluir otras tres lenguas oficiales. Ante lo cual España se ofreció a correr con los gastos de reconocer la cooficialidad de los tres idiomas.
No es que la propuesta para costear el procedimiento tuviera mala acogida, pero sí cabe recordar que los 24 idiomas oficiales reconocidos actualmente en la UE han sido sufragados por el presupuesto comunitario. También ha suscitado reservas entre los países que una medida en este sentido pueda levantar asperezas respecto a otras lenguas que no cuentan con representación en la UE. Por otro lado, Estados miembro como Alemania reclaman tiempo para analizar las implicaciones de la propuesta.
"El Gobierno español ha cumplido hoy con su compromiso", ha señalado el ministro de Asuntos Exteriores. "Hoy hemos puesto en marcha, aquí en Bruselas, la reforma del reglamento número 1 sobre el régimen lingüístico de la Unión Europea".
Albares ha explicado a sus colegas europeos que tanto el catalán como el euskera y el gallego son lenguas cooficiales en España. "Lenguas que se usan ya en el Parlamento español", ha dicho el titular de Exteriores.
"Además, he trasladado la especificidad que constituye el caso español en la Unión, en el que el uso de las lenguas cooficiales se encuentra recogido en nuestra Constitución. A diferencia de lo que ocurre en otros Estados miembro de la Unión en los que también existe lenguas regionales", ha puntualizado.
En su alegato, el ministro español de Asuntos Exteriores matizó que no es una propuesta nueva, sino que es un reclamo de España desde hace 20 años. "La presidencia ha podido constatar que nadie ha manifestado un veto contra nuestra propuesta", ha asegurado. Sin embargo, sí ha reconocido que algunos países han pedido más tiempo para analizar su desarrollo e implantación.
El procedimiento, según aclaró el ministro, pasa por que los grupos de trabajo y los embajadores de los países de la UE resuelvan los comentarios y dudas de los Estados miembro, aunque el Consejo de Asuntos Generales continuará siendo el que dirija todo el proceso. "El trámite es el normal y previsto", ha agregado el ministro, si bien ha evitado dar plazos concretos sobre este proceso, ha puntualizado que la idea por parte de España es que avance "lo más rápido posible".