Barcelona
Barcelona Oberta, la entidad que recurrió la pacificación de la calle Consell de Cent del distrito del Eixample, deberá esperar a que la sentencia sea firme y se abra la fase de ejecución para renunciar al desmantelamiento de la reforma, en un proceso que puede durar años, según juristas consultados por Europa Press.
Una juez de lo Contencioso revocó este jueves la orden del Ayuntamiento de Barcelona en la que se daba luz verde a la supermanzana del Eixample, tal como pedía Barcelona Oberta.
Sin embargo, esta entidad ha asegurado este viernes que no es su voluntad "volver al Consell de Cent anterior", a pesar de que este jueves valoraron positivamente la resolución judicial e incluso pidieron hacerla extensiva a otras remodelaciones en marcha, como la de Via Laietana.
El Ayuntamiento ya anunció el jueves que presentará un recurso contra el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), en un acuerdo municipal impugnado que se aprobó durante el anterior mandato de Ada Colau.
Es necesario que la sentencia sea firme para renunciar
Fuentes del TSJC han explicado a Europa Press que es necesario esperar a que la sentencia sea firme para abrir entonces la fase de ejecución. El proceso contencioso, que es el que ha seguido Barcelona Oberta, es diferente al penal, por lo que habrá que esperar a la fase de ejecución para que ambas partes, la entidad y Ayuntamiento se pronuncien.
Es entonces cuando los denunciantes pueden renunciar a la ejecución, esto es, a que se desmantelen las 'supermanzanas'.
El profesor de Derecho Administrativo de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) Gabriel Capilla ha explicado a Europa Press que considera que la sentencia "es una llamada de atención a los poderes públicos, en el sentido de recordarles que es necesario respetar los procedimientos".
No obstante, Capilla ve difícil que el fallo se ejecute porque los denunciantes ya han expresado su voluntad de "poner límites a una nulidad de pleno derecho, posiblemente para no generar una polémica social".
Además, añade, los recursos pueden llegar hasta el Tribunal Supremo, por lo que el proceso puede alargarse durante años. Se da la circunstancia, indica el experto, de que el consistorio actualmente tiene en marcha una modificación del Plan General Metropolitano (PGM) a instancias del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) "que podría contemplar esos cambios que la juez exige para las supermanzas, pero que no se tuvieron en cuenta en la planificación de las obras" de Consell de Cent.
