Valladolid
La Junta de Castilla y León creará un grupo de trabajo dentro de cada una de las Consejerías que se encargará de detectar las posibles colisiones de la nueva normativa que pueda aprobar el Estado con el Estatuto de Autonomía, con el objetivo de garantizar su no injerencia en las competencias autonómicas.
Éste ha sido uno de los principales anuncios realizados durante la comparecencia del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, para avanzar las principales líneas de actuación en esta legislatura.
De esta manera, Castilla y León afila armas ante la posibilidad de que nacionalistas y separatistas sean claves en un nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Al rechazo tajante del consejero portavoz de la propuesta de Urkullu para crear un estado plurinacional solo con las comunidades históricas, se une ahora la creación de estas comisiones de vigilancia.
A esto se une, el conflicto por la tuberculosis bovina que el pasado verano enfrento a la Junta con el Ministerio, que 'intervino' las competencias en Salud Animal de la Comunidad al inmovilizar la cabaña ganadera afectada por esta enfermedad de forma unilateral.
La iniciativa implica un cambio de posición en los conflictos competenciales que puedan surgir entre la Junta y el Estado, incluso si es necesario llegar al planteamiento de recursos ante el Tribunal Constitucional. Según ha destacado el consejero, hasta ahora, la mayoría de las convocatorias de reuniones de la Subcomisión de Solución de Conflictos se han producido hasta ahora a instancias del Estado, no de la Comunidad, por lo que la Junta "va a dejar de jugar a la defensiva para pasar a jugar al ataque en defensa de nuestras competencias".
Por ello desde su departamento se va a determinar reglamentariamente un mecanismo orgánico propio para analizar las leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley que vaya dictando el Estado, y que puedan afectar al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de tal forma que cada Consejería contará con un grupo de trabajo de carácter técnico-jurídico encargado de detectar las posibles colisiones de la nueva normativa estatal aprobada con el Estatuto de Autonomía.
En esos casos de colisión y a propuesta de la parte castellano y leonesa de la Subcomisión, el consejero solicitará al Estado "que iniciemos las reuniones y trámites previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que, de no fructificar en un acuerdo por consenso entre ambas partes, conllevará el planteamiento, con informe del Consejo Consultivo, del correspondiente recurso de inconstitucionalidad mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León, en la legítima defensa de nuestra autonomía".
El consejero ha aprovechado la ocasión también para reclamar al Gobierno de la nación la reunión de la Conferencia de Presidentes -"el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y el conjunto de las Comunidades Autónomas, y que ocupa la cúspide del conjunto de órganos de cooperación multilateral"- con más asiduidad en aquellas cuestiones que se puedan considerar de Estado.
"La última realizada ha sido la vigesimosexta, celebrada el 13 de marzo de 2022 en La Palma, hace ya casi un año y medio, siendo más que deseable que se celebren futuras Conferencias para tratar los diversos temas de mayor calado político", ha recordado al respecto.
También ha destacado la "importancia fundamental" de las Conferencias Sectoriales, órganos de cooperación multilateral relativos a un sector concreto de actividad pública, y ha recordado que la participación de Castilla y León en las Conferencias Sectoriales se ha realizado de forma constante, con 184 reuniones hasta el pasado 30 de junio, para añadir que se seguirán celebrando de forma habitual.
Dicho esto, ha reivindicado que se tenga mucho más en cuenta el parecer de las comunidades ya que, según ha lamentado, en los últimos años se ha producido una degradación del nivel de la necesaria interlocución y consenso, "pasando a constituir un mero trámite formal en el dictado de normas o en la aprobación de estrategias, planes o programas por parte del Estado".
González Gago se ha comprometido en todo momento a procurar "la máxima fluidez" en las relaciones recíprocas con el Estado que encara en el marco común de la integración de Castilla y León en la España constitucional y en el estado autonómico.
