
El Grupo Popular en el Parlamento gallego ha registrado una nueva proposición de ley para la transferencia de la titularidad de la AP-9 a Galicia. Lo hizo una semana después de que la aprobada anteriormente por unanimidad en la Cámara autonómica se diese por caducada mientras se encontraba en período de tramitación en las Cortes debido a la convocatoria de elecciones.
En el texto, los populares emplean la redacción de la ley caducada pero le añaden una serie de párrafos orientados a que el Estado asuma compromisos económicos a través de los presupuestos generales para el cumplimiento de todas aquellas actuaciones e infraestructuras ya comprometidas, así como de aquellas que sean necesarias en el futuro.
Los populares le añadieron al texto en su artículo primero que el Estado se encargue de financiar actuaciones y también de dotar a Galicia de los medios económicos necesarios para ampliar las bonificaciones a los usuarios recurrentes para todas las categorías de vehículos pesados, y extendiéndolas a familias numerosas y a viajes nocturnos.
Asimismo, incluye que el Estado asuma con cargo a los presupuestos generales cualquier consecuencia económica derivada de decisiones o situaciones que no sean responsabilidad de la comunidad y que repercuta en el contrato de la concesión.
Tarifas
La propuesta legislativa justifica que, con la finalidad de evitar el desequilibrio en materia de política de peajes que supone un agravio para Galicia, el Estado abone el incremento de tarifas del 1% acumulativo anual para los próximos 20 años que se recoge en un real decreto de noviembre de 2011 y que iría a parar a la amortización de la ampliación de la autopista en los enlaces de Santiago, Cangas y Teis (Vigo).
El PP también aporta al artículo dos de la ley que el acuerdo de traspaso entre el Estado y la Xunta debe contener las actuaciones en la autopista, las compensaciones derivadas de convenios y los compromisos de gasto derivados de las medidas para la bonificación de los peajes.
El portavoz parlamentario del PP gallego, Pedro Puy, ha señalado que el bloqueo al que fue sometida la tramitación de la ley por la desidia de la mayoría actual del Gobierno motiva la presentación de la propuesta para lograr el traspaso lo antes posible en la próxima legislatura.