
Greenalia, productor independiente de energías renovables, alerta sobre la inseguridad jurídica que está generando para el desarrollo de proyectos industriales en Galicia el criterio que aplica el tribunal en la sentencia relativa al parque eólico Bustelo.
No es el único, ya que también se refiere al de Campelo, que se encuentra igualmente paralizado. Al respecto, advierte que su postura no está amparada en ningún precedente del Tribunal Supremo.
El grupo de capital gallego dirigido por Manuel García Pardo cree que se aplica un criterio fundado, a su juicio, en "meras sospechas de daño ambiental" de proyectos que han sido sometidos, durante meses e incluso años, a rigurosos procedimientos de evaluación de impacto.
En este sentido, añade que "esta particular doctrina del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia resultaría contraria con la literalidad" de un artículo de la ley de evaluación ambiental, que dispone que la solicitud de informes sectoriales a las administraciones se hará simultáneamente al trámite de información pública.
Frente a esto, apunta que ahora el alto tribunal gallego considera que en el procedimiento "deberían tramitarse primero las peticiones de los informes sectoriales y después abrir la fase de información". Todo ello fundado en esas "meras sospechas de daño ambiental", según Greenalia.
La empresa, cuyo órgano de administración se reunió con el equipo jurídico para analizar en profundidad el expediente, señala que son varios los proyectos que tienen impuesta una medida cautelar en Galicia por la misma sala del TSXG en aplicación de este criterio.
Inversiones
Además, prevé que el número de proyectos en esta circunstancia pueda aumentar en los próximos meses, con las consecuentes pérdidas que conlleva.
En lo relativo a Bustelo, Greenalia asegura haber invertido más de 7 millones de euros y censura que la cautelar fuese aprobada sin solicitar a la demandante ningún tipo de fianza.
De mantener la aplicación de este criterio, avisa, de que no solo afectaría a los proyectos de parques eólicos, sino a cualquier otra iniciativa industrial que precise de una declaración de impacto ambiental para su tramitación.
Entre los efectos, advierte, a mayores, de los compromisos con los propietarios sobre los que se implantan las instalaciones y sobre la propia viabilidad económica de las empresas del sector.
Recusación
Por otra parte, la empresa se refiere a la "aclaración de la sentencia" que recibió sobre Bustelo el pasado día 20, tras serle comunicada el 16 la desestimación del recurso interpuesto contra su parque, hecho último por lo que la compañía decidió reactivar las obras.
Por último, Greenalia recordó que había recusado a uno de los magistrados de la sala, Luis Villares, porque lideró En Marea y mostró "públicamente y en diferentes ocasiones", su oposición a la instalación de proyectos eólicos y a las normas aprobadas por la Xunta para la regulación del sector. Pero esta "posible incompatibilidad" para juzgar el recurso fue rechazada.