La Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STEs-Intersindical) ha afirmado hoy estar "a tres pasos del consenso en la nueva Ley de Formación Profesional". Esta ha sido la principal conclusión extraída por la organización sindical después de la reunión producida en el Ministerio de Educación, donde le ha trasladado a la Administración la necesidad de incrementar la inversión en educación hasta llegar a un 7% del PIB, de apostar por el potencial del profesorado técnico (que no tenga por qué ser universitario) y de incentivar la recualificación de estos trabajadores y trabajadoras.
La falta de profesorado en muchas de las especialidades de Formación Profesional ha marcado en gran parte las demandas sindicales de una nueva norma que iniciará su implantación en el curso 2024-2025. Para afrontar esta situación, STEs ha destacado la necesidad de que "la flexibilidad que esta nueva norma le da al alumnado se traslade también al profesorado".
Concretamente, la organización sindical ha destacado el papel de los profesores y profesoras de un total de 19 especialidades que, pese a tener titulación superior, no pueden ejercer al no ser universitaria cuando son interinos. Además, ha comparado esta situación con la atribución docente en centros privados, donde es la titulación la que marca el requisito para impartir un módulo. "El saber hacer, como el de los especialistas en sectores singulares y expertos del sector productivo, debe ser la piedra angular para que el sistema funcione", han indicado desde STEs.
En esta misma línea, durante el encuentro también se ha hablado de la necesidad de aprovechar esta nueva norma para convertir a la Formación Profesional en un motor para la recualificación de los trabajadores y trabajadoras, así como de su profesorado. Para llevarlo a cabo, STEs ha incidido en la posibilidad que permite el artículo 165 para que el profesorado de FP contemple en su horario docencia en los grados A, B y C; propia de la formación de parados. Además, dicho artículo se podría ampliar para el reciclaje de profesorado de ciclos formativos poco demandados en otras familias profesionales.
Respecto al apartado económico, la agrupación sindical le ha trasladado a la Administración que la Formación Profesional "requiere un cambio sustancial en su financiación". Una dotación presupuestaria en Educación que, después de compararla con la de otros países del mismo entorno socioeconómico, STEs ha explicado que no puede ser inferior a un 7% del PIB. Se trata de un objetivo a largo plazo cuya inversión se iría incrementando de forma progresiva.
Por lo que respecta a esta gestión económica a día de hoy, los sindicatos han apuntado a los fondos europeos Next Generation como un recurso que se podría estar utilizando de otra forma: "Muchas veces estos fondos van destinados a cosas muy concretas, que a veces no son las más importantes. Vemos pasar el dinero por delante nuestra, pero no se queda en el aula". A nivel general, el trasvase de presupuesto desde la partida de Trabajo a la de Educación ha sido otro de los puntos cuestionados por STEs: "No existe un verdadero incremento del presupuesto estructural, se trata únicamente de un recurso para cumplir la disposición adicional octava de la LOMLOE".
Más allá de estos apartados concretos, STEs-Intersindical mantiene su queja por la "colaboración público-privada", que, tal y como ha indicado, sigue presente en el actual documento. Una reivindicación que ha protagonizado muchas de las propuestas de mejora presentadas por el sindicato y entre las cuales se encuentra la ordenación del sistema de Formación Profesional en la Mesa de Negociación del Personal Docente no Universitario.
Durante todo este proceso, STEs votó en contra en el Consejo Escolar del Estado, presentando un voto particular contra el Dictamen de la Comisión Permanente cuando se debatió la Ley Orgánica 3/2022 de FP. Ahora, y al margen de estas propuestas concretas, la nueva normativa incorpora una serie de matices que "pese a ser pocos, son muy importantes".
Además, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación ha cuestionado los criterios del documento actual para ocupar las 19 vocalías en las que están representadas las organizaciones del Consejo General de la FP, alegando que, en muchos territorios, "algunos sindicatos no tienen representación porque el profesorado no les vota, pero siguen tomando decisiones importantes en los Consejos Regionales".
