
De acuerdo con el cuarto Informe de seguimiento de los fondos Next Generation en España publicado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Italia, Portugal, Grecia y Polonia destacan en la gestión de las ayudas europeas en algunos puntos en los que España suspende.
Uno de estos aspectos, es la colaboración público-privada a la hora de diseñar y gestionar el reparto y las convocatorias, ya que, según con la CEOE, en España prácticamente no se han publicado ayudas para empresas industriales más allá de los PERTE ni se ha contado con ellas para aportar sus conocimientos a la hora de trazar una estrategia.
No es así en el caso de Grecia, donde el Gobierno "ha contado desde el principio con el sector privado, especialmente con el sector financiero", tal y como indica el informe. Así, este país proyecta realizar 106 inversiones y 68 reformas entre 2021 y 2026, con un presupuesto total de 31.160 millones de euros. La mayoría de las inversiones en este país se centran en transición verde; "del total de 18.300 millones de subvenciones, alrededor de 5.000 millones han ido dirigidas a la rehabilitación o construcción de edificios residenciales", afirma el estudio de la CEOE. Sin embargo, es necesario mencionar que, a pesar de que Grecia es el país que cuenta con más pymes en Europa, este tipo de empresas están teniendo dificultades a la hora de recibir los préstamos. Para solventarlo, el Gobierno griego ofrece ayudas con una cofinanciación de hasta el 80%, para aliviar los tipos de interés.
También Italia involucra de forma activa a los agentes privados, como la Cassa Depositi Prestiti (CDP), u otras agencias públicas (cómo Invitalia, GSE, etc.), para la gestión de los fondos. Además, desde el inicio, se desarrolló Capacity Italy, un helpdesk gestionado por expertos de estos organismos, de forma que pusieron al servicio de la gestión de los fondos su experiencia técnica y administrativa. De esta forma, el plan Italia Domani, que recoge las medidas hasta 2026, plantea un total de 151 inversiones y 63 reformas. Su presupuesto total es de 191.500 millones de euros del Fondo de Recuperación y 30.000 millones adicionales de otros fondos. Hasta el día de hoy, "Italia ha recibido 28.950 millones en subvenciones y 37.940 millones en préstamos", de acuerdo con el informe mencionado.
De la misma manera, Polonia, mediante un comité de seguimiento, involucró al sector privado desde la fase de diseño, así como a otros agentes (ONGs, administraciones locales y autonómicas, patronales sectoriales, etc.). Sin embargo, a la hora de dirigir las ayudas, las empresas industriales quedan relegadas "al segundo plano", de acuerdo con la CEOE, debido a que las ayudas están, en su mayoría, dirigidas a las administraciones públicas para incentivar sistemas de trabajo en remoto. Este país tiene asignado 35.400 millones de euros de presupuesto, pero aún no ha recibido ninguna cuantía en concepto de desembolso, ya que el gobierno debe cumplir una serie de hitos acordados para cumplir con la legislación de la UE antes de obtener cualquier pago. A pesar de ello, el pasado 5 y 9 de diciembre, Polonia y la Comisión Europea firmaron los acuerdos operativos con respecto al Plan.
Datos oficiales
A pesar de que la vicepresidenta primera del Gobierno español, Nadia Calviño, defiende la "transparencia máxima" de la gestión de las ayudas en nuestro país, según la confederación, España solo cuenta con datos oficiales sobre la llegada de los fondos al tejido industrial hasta agosto de 2021, de acuerdo con los cuales el sector privado solo habría recibido 104 millones de euros.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, también han lanzado críticas a este respecto, además de manifestar que existen muchas quejas del resto de administraciones y empresas.
Italia, por el contrario, tiene operativa y actualizada la plataforma ReGIS, para un seguimiento de la ejecución del presupuesto público a nivel nacional y territorial. Esta iniciativa no forma parte de un hito, sino que supone una medida complementaria. En España, se proyectó una herramienta similar, la plataforma CoFFEE-MRR, pero, por el momento, no se ha activado.
Como otro ejemplo, Portugal también contempla la Auditoría y Control (CAC) como uno de los cuatro niveles que se coordinan en su Plan de Transformación y Resiliencia (PRTR).
Por ello, la CEOE, insiste en la necesidad de conocer el volumen exacto y la trazabilidad de los fondos que han llegado a la economía real, así como impulsar bajadas de impuestos e incentivos fiscales. Esto, es algo que ya han realizado otros países europeos como Francia, Italia, Portugal, Suecia, Austria o Dinamarca, con el objetivo de contribuir a paliar el alza inflacionista.