Madrid
De acuerdo con la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001, cada Comunidad Autónoma establecía los precios públicos de los estudios para la obtención de títulos de carácter oficial, siempre que se mantengan "dentro de los límites que establezca el Consejo de Coordinación Universitaria que estarán relacionados con los costes de prestación del servicio."
Esto fue así hasta que en 2012 se aprobó el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, en el que se establecieron unos intervalos de precios en forma de porcentaje de los costes del servicio.
Finalmente, el pasado 22 de diciembre de el Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), materializando los los acuerdos de 2020 del Ministerio de Universidades, por lo que, en este curso 2022-2023, se prevé una desregulación y descoordinación entre comunidades autónomas en lo que se refiere a los los precios públicos de las matrícula, ya que la Conferencia General de Política Universitaria deja de fijar su límite, tras referirse únicamente a un "marco general de contención o reducción".
Así, cada Comunidad Autónoma ha fijado un precio de manera diferente: algunas mediante un precio único, igual para todos los estudios de grado, otras con precios distintos, etc. Por lo que se ha creado una disparidad importante entre todas ellas que, de acuerdo con la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), conlleva desequilibrios "en todo el territorio" y "costes elevados para el estudiantado universitario, siendo uno de los mayores obstáculos de acceso a la universidad".
Este organismo considera que, por tanto, no se han resuelto las necesidades del alumnado, debido a que "el coste de matrícula para los grados se mantiene alrededor de los 1000 euros y sigue habiendo diferencias significativas entre titulaciones de diferentes ramas y comunidades autónomas que perjudica gravemente al estudiantado". De la misma forma, las segundas matrículas siguen teniendo un sobrecoste y suponiendo un "castigo económico" para los suspensos. Lo mismo sucede en cuanto a los estudios de master, cuyos precios públicos solo están regulados en un 10% de los casos.
Por tanto, en palabras del presidente de CREUP, Nicolás Hernández, esta medida es insuficiente: "el estudiantado sigue pagando graves penalizaciones por suspender, con segundas y sucesivas matrículas que llegan a cuadruplicar el coste. Un suspenso es mucho más que una nota para un estudiante que no tiene recursos, supone quedarse en la Universidad o no. La Universidad deja de ser pública cuando abandona a quienes más debe ayudar".
Asimismo, este organismo recuerda que "el acceso a la universidad es un derecho subjetivo para todas las personas y, como tal, debe asegurarse con medidas concretas que supongan un cambio real en las condiciones del estudiantado. La introducción en la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario de una vaga mención a la reducción de precios públicos con apenas posibilidades de aplicación ante un problema estructural no son la solución que el estudiantado lleva años esperando."
Por ello, reclaman "medidas eficaces que necesariamente deben pasar por la escucha activa y consciente de la voz de los y las estudiantes, teniendo en cuenta su situación socioeconómica y garantizando el acceso a la universidad a todas las personas", junto con un acuerdo entre las Comunidades Autónomas y el Estado.
