Zaragoza
El grupo provincial del Partido Popular de Teruel en la Diputación turolense ha presentado una propuesta para su debate en el pleno ordinario de la institución en la que solicitan una vez más la rectificación de esta normativa para evitar las rebajas de penas.
Esta es la segunda vez que esta formación política lo reclama ante el riesgo de que se pueda ver beneficiado un condenado en la provincia turolense, a lo que han sumado la petición de cese de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y de la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez.
La diputada popular Yolanda Sevilla ha explicado que esta petición se justifica en que, en todo este tiempo, "no han hecho nada" para poner remedio a esta situación, así como en las "declaraciones absolutamente intolerables" que realizó la secretaria de Estado en un foro de su formación política, en la que "se tomó a broma un asunto que está generando muchos problemas en nuestra sociedad por culpa de su incapacidad para resolver las consecuencias tan dañinas que ellas mismas han generado".
Sevilla también ha justificado la presentación de esta nueva propuesta sobre esta materia por la "negativa injustificada" de los responsables del Gobierno central a "asumir sus errores, pedir perdón y corregir la normativa".
De este modo, ha incidido en que el Grupo Popular "seguirá reclamando en todas las instancias que sea necesario" para que esta "sinrazón" concluya y "pongamos sensatez a una situación que es muy seria". "No solo son incapaces de reconocer sus propios errores, sino que están poniendo el foco en los jueces por aplicar la ley o incluso en los partidos de la oposición, cuando si esto está sucediendo es única y exclusivamente por su responsabilidad", ha añadido Yolanda Sevilla.
Situación en Aragón
Los efectos de la ley del "solo sí es sí" se están dejando notar no solo en España, sino también en Aragón. La Audiencia Provincial de Zaragoza ya ha autorizado dos rebajas de penas y la de Huesca ha hecho lo propio con un caso más. De esta manera, los condenados por abusar de una menor de 13 años, por hacer lo propio y dejar malherida a una prostituta, y por mantener relaciones sexuales con una joven de 18 años en contra de su voluntad, se han visto beneficiados de la entrada en vigor de la nueva ley.
La diputada del PP ha recalcado que estos hechos "dejan claro que la normativa está siendo contraria a lo que debería ser" y por lo que afirmado que "no llega a comprender" la negativa de la ministra de Igualdad y su secretaria de Estado a cambiar el ordenamiento jurídico. "Están poniendo en peligro a las víctimas y también a la sociedad con esa actitud", ha destacado, añadiendo que "Pedro Sánchez debe cesarles inmediatamente".
Para Yolanda Sevilla, poner en marcha políticas feministas "no es permitir que los condenados sexuales puedan salir a la calle mucho antes de lo que contemplaban las penas iniciales", sino que radica en "protegerlas, hacer que los culpables de estos hechos cumplan las penas que inicialmente le corresponde y poner todos los medios para evitar que vuelva a suceder". Unas cuestiones sobre las que ha señalado que "no están garantizando los responsables del Ministerio de Igualdad y del Gobierno de España".
