
Todos los escenarios parecen abiertos. Vox ha anunciado está mañana su disposición a romper la coalición de gobierno con el PP si no se aprueba el protocolo antiabortos propuesto por la formación verde. Mientras, el Gobierno ha iniciado los trámites para llevas las polémicas medias al Constitucional.
Vox mete presión al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que deberá tomar elegir entre romper con la formación de Santiago Abascal o aceptar un protocolo antiabortos que genera el firme rechazo de Alberto Núñez Feijóo en plena carrera electoral a la Moncloa.
El líder de Vox de Catalunya y secretario general del partido, Ignacio Garriga, ha avisado este martes de que revisarán "si seguir o no" en la Junta de Castilla y León si no se cumple el acuerdo sobre el protocolo 'provida' que anunció recientemente la Consejería de Sanidad y que asegura que se pactó con el PP antes de la investidura.
"Llegará un momento de establecer un balance del cumplimiento de los acuerdos que se llegaron antes de la investidura, y si no se cumplen tendremos que revisar ese acuerdo y revisar la opción de seguir o no en el Gobierno", ha afirmado en una entrevista este martes en Ràdio 4 y La 2 recogida por Europa Press.
Garriga ha subrayado que su partido "exigirá el cumplimiento de un acuerdo llegado en Junta de Gobierno y un acuerdo que llevó a conformar el Gobierno de coalición en Castilla y León", y confía en que el PP lo cumpla.
"Quiero ser positivo, quiero creer que en el PP son gente de palabra, porque han firmado un acuerdo, han firmado un protocolo y lo llevarán a término", ha sostenido al ser preguntado por qué pasaría si no se aplica el protocolo que establece medidas como que los médicos ofrezcan a las embarazadas una ecografía 4D y escuchar el latido del feto.
El dirigente de Vox ha negado que su partido se sienta desautorizado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que descartó cambios en el protocolo y dijo que "no se obliga a nada" al médico ni a las embarazadas.
"Sanidad emitirá la orden"
"Eso está aprobado, el consejero de Sanidad emitirá la orden en las próximas horas, en los próximos días", ha adelantado Garriga, que considera que este protocolo servirá para dar información a las mujeres embarazadas y que el cambio de opinión sobre su embarazo dependerá exclusivamente de ellas, según él.
Ofensiva de Moncloa
Mientras, el Gobierno intensifica su ofensiva contra el gobierno de coalición de Castilla y León e inicia los trámites para llevar al Constitucional la medida.
El Gobierno enviará este martes un nuevo requerimiento a la Junta de Castilla y León para que paralice todas las acciones sobre un posible cambio en el protocolo para las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente el embarazo, al que tiene un plazo de un mes para contestar antes de que el Ejecutivo acuda ante el Tribunal Constitucional.
Así lo avanzó el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, antes de presentar al presidente de Canarias, Angel Victor Torres, en el Fórum Europa, el acto informativo organizado por Nueva Economía Fórum.
Bolaños comentó que el Consejo de Ministros aprobará hoy un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con cualesquiera actuaciones que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior.
Este requerimiento de incompetencia a la Junta de Castilla y León se refiere a cualesquiera actuaciones -incluidas aquellas constitutivas de vía de hecho-, que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, y el RD 1825/2010, de 25 de marzo, que lo desarrolla. En la práctica, supone el paso previo a acudir al Tribunal Constitucional.