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Los trabajadores de la Administración denuncian la subida en diez puntos de la temporalidad en Aragón

Acto reivindicativo de los funcionarios interinos en la Administración aragonesa.
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Denuncian que durante el mandato del presidente Javier Lambán (PSOE) la temporalidad en la Diputación General de Aragón ha subido diez puntos, alcanzando este año ya el 49,6% de la plantilla, mientras la obligación legal es que no supere el 8%.

Por este motivo, los trabajadores de la Administración aragonesa se han concentrado en Zaragoza, frente a las puertas del Edificio Pignatelli -sede del Gobierno de Aragón-, para denunciar la situación que atraviesan y reclamar el cumplimiento real en la comunidad aragonesa de la Ley estatal 20/2021, que obliga a estabilizar a los 17.000 interinos en abuso de temporalidad.

De acuerdo con los datos oficiales del propio Gobierno de Aragón, en su último boletín estadístico de personal, el porcentaje de trabajadores con contrato temporal en la Administración autonómica de Aragón ha subido un 10% desde que Javier Lambán llegó al Gobierno en julio de 2015, hace siete años, y ya supone la mitad de toda la plantilla. En concreto, de 59.224 empleados públicos, hay 29.829 fijos (50,37%) y 29.395 temporales (49,63%).

Convocados por los sindicatos STEPA y CATA, los funcionarios interinos de la DGA han denunciado que "el Gobierno de Javier Lambán suspende estrepitosamente en gestión de personal y no defiende un empleo público y de calidad".

Para el sindicato STEPA, este crecimiento de la temporalidad pone de manifiesto que Función Pública y los sindicatos que han participado en las mesas de negociación (CCOO, UGT y CSIF) han fracasado totalmente con sus acuerdos "mal llamados" de estabilización, y que el incumplimiento del compromiso legal con Europa de reducir al 8% la temporalidad en el sector público supone poner en peligro la llegada de los fondos europeos de recuperación.

Según el sindicato, la causa está en que el Gobierno de Aragón sigue saltándose sistemáticamente la ley que obliga a que las necesidades permanentes estén cubiertas por personal fijo y practicando una política laboral que en el sector privado habría dado lugar a duras sanciones "por parte, precisamente, del que es el principal incumplidor".

El incumplimiento ha sido total en la Ley 20/21 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad, añaden. Esta ley obliga a que las plazas ocupadas por empleados públicos con más de tres años encadenando contratos temporales, y por lo tanto en abuso de temporalidad, se ofrezcan en un proceso extraordinario que dé a los afectados la posibilidad de consolidar su puesto.

Según los datos de STEPA, son más de 17.000 plazas en la Administración autonómica. Sin embargo, el Gobierno de Aragón solo ha anunciado 2.552 plazas por esta vía, mientras sigue despidiendo a trabajadores con décadas de experiencia. "No se puede desaprovechar la oportunidad para consolidar al personal por la cerrazón de los que ostentan el poder. Lo que está haciendo la Universidad y las entidades de derecho público del propio Gobierno de Aragón, demuestran cómo se pueden hacer las cosas de forma correcta".

Villancico reivindicativo

Las reclamaciones de los funcionarios interinos se han llevado a cabo en forma de villancico con motivo de estas fiestas navideñas. De este modo, acompañados de panderetas, los manifestantes han señalado en "Liada sobre liada", los numerosos aspectos de "una incompetente política de personal, que ha conseguido llevar la temporalidad hasta el funcionariado, en contraposición a su obligación de estabilizar la plantilla", con el estribillo: "Lambán, la que has liado Lambán, con una función pública precaria y temporal".

Además, también se han recogido las demandas en un buzón de deseos para los "Reyes Magos de la Función Pública", para entregarlas, como responsables personales de esta situación, al presidente de Aragón, Javier Lambán, el consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón, y el director general de Función Pública, Esteban del Ruste. Un acto con el que igualmente se quería denunciar por parte de los sindicatos no ser recibidos por los responsables políticos.

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