Madrid
La situación macroeconómica mundial se está viendo afectada por el aumento de la inflación y la inestabilidad política y, por ello, los fondos Next Generation son más importantes que nunca para contribuir a la recuperación económica europea. Sin embargo, tal y como denuncia Tomás Gómez, docente del Grado de ADE de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), su ejecución en España aún es demasiado lenta y podría suponer un fracaso si no se ponen medios para agilizar su gestión.
¿Qué tipo de inversiones deberían realizarse con los fondos Next Generation para que sean más eficientes? ¿Por qué no están llegando los fondos al tejido empresarial?
Primero es necesario analizar es el objetivo de estos fondos, que es, por un lado, hacer frente a una situación económica complicada de caída del crecimiento económico a causa de la pandemia, lo cual, además, agravaba las consecuencias de la crisis del 2008. Estábamos en un periodo de recuperación, cuando apareció un problema exógeno, una pandemia sanitaria que destrozó la actividad económica. Sin embargo, al mismo tiempo, lo que intenta Bruselas es cumplir con el Pacto Verde y con los objetivos de la Agenda 2030. Por ejemplo, respecto al sector del automóvil se busca que para el año 2038 ya haya emisiones cero y que para el 2050 todas las empresas de la Unión Europea lleven a cabo acciones de economía circular.
Todo esto tiene bastantes dificultades y, concretamente en España, hay dos tipos: en primer lugar, las necesidades más inmediatas de las empresas. Y, por otro lado, la capacidad de gestión de la Administración, que es una maquinaria pesada que funciona lentamente y que está sujeta a una serie de controles. Desde mi punto de vista, la ejecución de los fondos Next Generation está siendo excesivamente lenta; está habiendo una ralentización que, al final, como siga así y no se consiga que fluya el dinero y sacar el país adelante, el titular va a ser 'fracaso', después de todas las expectativas que se generaron.
Uno de los grandes problemas que ha tenido el Gobierno, en ese sentido, ha sido la campaña de marketing y publicidad que ha acompañado a una medida económica que tiene unos objetivos muy claros. Respecto a las empresas, su preparación y orientación no ha sido la adecuada, por lo cual, junto con su falta de experiencia, muchas han presentado sus proyectos incorrectamente y otras han entendido que es demasiado complicado para para sus posibilidades y para sus medios.
Otro problema que hay es que no hay funcionarios suficientes y los funcionarios que hay han tenido que adaptarse y entender cómo funciona el proceso para hacerlo en los términos requeridos por Bruselas. Por todo esto, se ha creado un tapón importante.
Claro, el tiempo apremia. Estamos con unas tasas de inflación muy alta y nos enfrentamos a un otoño en el que Alemania tiene gas para 50 días. Si cae el gas, lo que significa es una recesión, porque la industria se detiene. Nos enfrentamos en Europa a un otoño bastante crudo en el que las empresas tienen otra serie de urgencias como hacer frente a los costes, a la energía para poder seguir produciendo y que los mercados no se caigan. Cada dato que parece positivo hay que cogerlo con comillas: la inflación parece que no está creciendo tanto, que se está controlando, pero no, lo que pasa es que está cayendo el mercado de materias primas y eso es malo porque significa no se están comprando por la urgencia de los costes de energía y por la caída de la demanda.
Lo que las empresas españolas necesitan en este momento es el apoyo de las instituciones públicas, pero la ejecución está siendo muy lenta, es mucho dinero el que se puede perder y no estamos en tiempo si no se tiene la celeridad para solucionarlo.
¿Será necesario que la Comisión Europea prorrogue el plazo de ejecución?
Lo más probable es que Bruselas prorrogue los plazos porque evidentemente no se van a cumplir. No es fácil para nadie porque el problema ya existe desde que el mundo está globalizado y desde que Europa es Europa. Los problemas no son solamente del país, son problemas de toda la Eurozona. La ralentización en la ejecución es una norma general, pero hay administraciones que han puesto más recursos y más personas a trabajar en ello.
Una ampliación de los plazos sería razonable para todos los países de la Unión Europea, pero el Gobierno debe hacer las cosas diferentes porque si se vuelven a cometer los mismos errores, el resultado va a ser el mismo.
¿Cuál es la mejor estrategia a la hora de sacar rentabilidad a los fondos de cara a devolver la parte reembolsable?
Las inversiones que se han hecho están dentro de los proyectos elegibles y se supone que son los que tendrían más rentabilidad social y económica. Yo creo que no hay que dudar de a dónde va dirigido el dinero que se está ejecutando y que está llegando. Hay otras cosas que sí que se podrían mejorar.
Habría que incorporar algunas de las demandas y las necesidades que están planteando las empresas. Es verdad que se trata de una primera experiencia, que no se ha hecho algo así hasta la fecha, pero es el momento de ampliar el abanico e intentar encajar en los mismos proyectos elegibles algunas cuestiones muy razonables que se están pidiendo.
¿Debería existir más colaboración público-privada a la hora de gestionar estas ayudas?
Tiene que haber un gran acuerdo con todo el tejido empresarial español que no se quede en buenas intenciones, sino que sea un marco donde se marque el cómo, el cuándo y cualquier tipo de detalle importante.
¿Podría la figura del PERTE ser más efectiva? ¿Qué otros proyectos estructurales podrían ser beneficiosos para la economía española?
El PERTE es un instrumento técnico complejo, pero es un instrumento adecuado. Sin embargo, para hacerlo bien hay que llegar a estos acuerdos previos e incluso a la formación de parte del tejido empresarial que, de lo contrario, se va a quedar fuera porque no tiene posibilidades técnicas de acceder a ellos.
Tiene que ser un instrumento más universal y más accesible a todos. Tendrían que poder entrar con mayor intensidad algunos sectores que son motores de la economía, como el sector del automóvil, y habría que incorporar al sector inmobiliario y al sector de la construcción.
