Mérida
La nueva Ley General de Presupuestos de la región pretender por un lado aunar las voluntades de todos los extremeños y extremeñas y fomentar el tejido empresarial de la región, según destaca la propia Junta de Extremadura.
En el día de hoy, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, se ha reunido con los grupos parlamentarios Partido Popular, Ciudadanos, Unidas por Extremadura y Partido Socialista, por un lado, y agentes sociales y económicos, UGT, CCOO y CREEx, por otro, para continuar, en la senda marcada por los dos encuentros anteriores, con el intercambio de impresiones acerca de unas cuentas públicas que tendrán como objetivo principal proteger a la mayoría social, responder a las necesidades e inquietudes de todos y cada uno de los extremeños y fortalecer el tejido productivo.
La titular de Hacienda ha apelado a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas para elaborar el mejor presupuesto autonómico en un momento marcado por las oportunidades que se abren y las necesidades a las que atender.
Blanco-Morales ha resaltado la importancia del efecto multiplicador de las políticas de gasto dirigidas a los extremeños que más lo necesitan y que benefician al conjunto de la sociedad, enmarcadas en unas cuentas regionales en las que siete de cada diez euros se destinan a políticas sociales y en las que cobrarán especial relevancia los recursos de la Unión Europea para las políticas económicas dirigidas al sostenimiento y acompañamiento del tejido productivo.
Lo que se traduce en un sostenimiento de los servicios públicos y, al mismo tiempo, en una apuesta por la inversión y las ayudas a familias y empresas. En este sentido, las cuentas regionales se complementan, ha remarcado, con las medidas de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 en el ámbito de los autónomos, del comercio, de la agricultura, el turismo y del sector público autonómico.
Responsabilidad en materia tributaria
En materia de responsabilidad fiscal, la vicepresidenta primera ha insistido en un modelo de rebajar tasas y tributos propios en lugar de tocar impuestos que financien servicios públicos.
Blanco-Morales ha defendido la política tributaria extremeña como un ejemplo de responsabilidad basado en la concepción de los impuestos como un factor de redistribución, con figuras impositivas propias, como la conocida Ecotasa o con el impuesto a la banca, y con beneficios fiscales pensados para las circunstancias objetivas de cada contribuyente, entre las que se encuentran las bonificaciones de los impuestos de donaciones y sucesiones.
La vicepresidenta ha insistido en que no se puede caer en la incoherencia de pedir al Estado mil millones de euros más y reducir los ingresos con los tributos propios y cedidos.
Extremadura, ha continuado, defiende la vertebración de la Hacienda española y califica el discurso de pagar impuestos asociado al concepto de que el Estado roba a los contribuyentes como profundamente antidemocrático y anticonstitucional, al ser la finalidad de los impuestos el sostenimiento del Estado del Bienestar y las ayudas a trabajadores, empresarios, autónomos, agricultores y ganaderos.
La titular de Hacienda ha señalado que se sigue trabajando para lograr un acuerdo con todas las fuerzas políticas para contar con unas cuentas que permitan afrontar un tiempo de dificultades, pero también de oportunidades.
Presupuestos sociales
Por su parte, el portavoz de la Junta de Extremadura ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que "son unos presupuestos sociales, que llegan en un momento adecuado porque hay que hacer frente a una crisis energética que ha tenido una deriva económica y por tanto hay que defender a las clases medias y trabajadoras".
"Es un presupuesto expansivo, social y que va a beneficiar y a fortalecer a las clases medias y trabajadoras", ha incidido González, quien también ha subrayado que en concreto para Extremadura los PGE 2023 van a ser "muy beneficiosos" en diversos aspectos.
Ha resaltado que las cuentas estatales para el próximo ejercicio recogen la revalorización de pensiones contributivas y no contributivas que afectarían a más de 230.000 extremeños; además de una mejora salarial de los empleados públicos de entre un 2,5 y un 3,5 por ciento que afecta a 90.000 empleados públicos (trabajadores de la Junta, de los ayuntamientos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado).
Los nuevos presupuestos recogen, igualmente, según ha destacado el portavoz de la Junta, el incremento del Ingreso Mínimo Vital para más de 36.200 extremeños; y la bonificación de los abonos ferroviarios gratuitos (de los que más de 12.000 personas en Extremadura están accediendo ya a los mismos). También recogen las ayudas al alquiler para 2023, que en Extremadura las 2.500 previstas se han agotado y que se prorrogan en 2023, ha añadido González.
