La victoria de la derecha en Italia está prevista por todos los informes que los principales bancos de negocios están difundiendo en estas semanas a sus clientes. De hecho, la ventaja de la coalición liderada por Giorgia Meloni en las últimas encuestas, publicadas dos semanas antes de los comicios como prevé la ley transalpina, rozaba los 20 puntos. Pero en un país como Italia ni siquiera un triunfo electoral es garantía de estabilidad.
"Italia se enfrenta a muchos e inmediatos desafíos: carencia de gas natural, posibles racionamientos de energía y apagones meterán a prueba la fuerza de la coalición de centro-derecha y determinarán si Italia tendrá seis o siete primeros ministros en tan solo 10 años" comenta un informe de Nomura, aludiendo al hecho de que las presiones económicas podrían sacudir también al próximo Gobierno, recordando las numerosas crisis políticas de la última década.
Además de la crisis energética, otro banco de pruebas para la coalición integrada por Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, Liga de Matteo Salvini y Forza Italia de Silvio Berlusconi será el equilibrio de las cuentas públicas. Los tres partidos presentaron un programa común de la coalición que prevé una "reducción de la carga fiscal para familias y empresas" con varias medidas para reemplazar el IPRF con un "impuesto fijo" entre el 15% y el 23% para los autónomos y más a largo plazo para otros trabajadores y empresas. Se prevén también desagravios fiscales para las empresas que contratan a nuevos empleados. Los recortes de impuestos se acompañan, sin embargo, de una subida del gasto público relacionado con la eliminación de la reforma de pensiones aprobada por el Gobierno tecnócrata de Mario Monti en 2012 y la subida de las pensiones mínimas, además de nuevos subsidios para las familias y una reducción del IVA sobre los productos para la infancia.
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En el programa no se detallan los costes de las medidas, ni cómo el futuro Gobierno piensa recaudar los recursos necesarios. Barclays estima que si la derecha mantuviera sus promesas, Italia necesitaría un déficit adicional de entre 30.000 y 70.000 millones de euros. "Estamos hablando de un desembolso de entre el 1,5% y el 3% del PIB. Por esto nos esperamos un deterioro adicional de la relación entre déficit y PIB a partir de 2023", indican los analistas del banco británico.
Además, a pesar de haber sellado un programa común, los partidos de coalición mantienen cada uno su propio programa electoral y no siempre parecen de acuerdo sobre las medidas económicas. Matteo Salvini lleva semanas pidiendo que el Gobierno saliente de Mario Draghi utilice 30.000 millones de déficit adicional para paliar los efectos de la subida del coste de la energía para empresas y familias, mientras Meloni defiende que la medida sería un regalo para la especulación y que antes hay que desacoplar el gas de la electricidad. En el terreno fiscal, Liga y Forza Italia tienen ideas diferentes sobre cómo actuar el "impuesto fijo", mientras Meloni dice que para la reducción de impuestos sirve una "solución paso a paso".
Plan de recuperación
La ley electoral italiana incentiva esta tendencia: prevé que el Parlamento se elija por un lado con un sistema mayoritario en el que las coaliciones se miden en colegios electorales uninominales, donde gana el candidato que tenga más votos, y a nivel general la coalición que obtenga más del 40% de los votos obtiene también un premio de mayoría; por el otro lado, hay escaños asignados con un sistema proporcional en el que todos los partidos compiten entre ellos.
Otro tema clave es el futuro del plan de recuperación. Italia, entre préstamos y subsidios, recibirá 200.000 millones de euros de fondos europeos. La derecha italiana propone en su programa una "revisión" del plan, aunque de "acuerdo con la comisión europea", para enderezar recursos hacía las nuevas prioridades del país, empezando por la crisis energética. Draghi, sin embargo, explicó durante su última rueda de prensa que "lo que se puede revisar es lo que todavía no se ha licitado. Pero como se ha licitado casi todo no hay grandes posibilidades".
El temor es que la revisión propuesta por la coalición de derecha se convierta en un pulso con Europa, perjudicando el efecto de estímulo del plan que "si fuera implementado en su entereza podría impulsar un 0,6% el crecimiento del PIB en 10 años, pero también reducir la deuda pública unos 12 puntos; un cambio que acortará la curva del diferencial de 100 puntos básicos" indican los analistas de SocGen.
