Julián Nieves, un ciudadano corriente con residencia en Madrid, recibió el pasado mes de abril un mensaje de texto en su teléfono móvil (un SMS), probablemente dirigido tanto a él como a muchísimas otras personas. Se trataba de un intento de fraude: una suplantación de identidad a una empresa, mediante la cual unos estafadores pretendían obtener datos personales y bancarios de sus víctimas.
En este caso, el supuesto emisor del mensaje era el banco BBVA. Y en su contenido se indicaba al receptor que su cuenta bancaria había sido suspendida por motivos de seguridad y que, para solventar el problema, debía verificar su identidad a través de un enlace.
Este tipo de cebos cada vez son más populares entre los estafadores, quienes recurren a ellos como una manera rápida y sencilla de dirigirse a un gran volumen de potenciales víctimas. Y aunque la población está concienciada sobre su existencia, muchas personas siguen cayendo en su trampa (de ahí que se sigan perpetrando). Tal y como le ocurrió a Julián, quien, al recibirlo, introdujo su nombre en el enlace al que redirigía el mensaje, sus apellidos y su clave de acceso, según relata la organización Facua, quien ha defendido la causa de Julián.
39 operaciones sin autorizar
"A partir de ahí comencé a recibir decenas de cargos no autorizados en diferentes comercios", cuenta Julián. Entre el 26 de abril y el 4 de mayo, su cuenta realizó 39 operaciones bancarias sin autorización por un valor de 28.802,35 euros. Lamentablemente, no fue hasta dos días más tarde (el 6 de mayo) cuando, al revisar su cuenta, detectó todos esos movimientos.
Como resulta lógico, este usuario contactó con el Servicio de Atención del Cliente de la entidad bancaria para exponerle lo ocurrido y solicitar que le reembolsaran el dinero. Sin embargo, y según cuentan desde Facua, la única respuesta que obtuvo el damnificado fue que le harían llegar una tarjeta sin numeración más segura.
Tras esto, Julián puso su caso a disposición de la organización Facua, quien, a su vez, se dirigió al Servicio de Atención al Cliente del banco para reclamarle el reembolso, pues "a todas luces se trataba de una estafa", consideró la organización.
Para hacerlo, remitieron un escrito a la entidad bancaria, en el que se mencionaba el artículo 36 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes, según el cual "las operaciones de pago se considerarán autorizadas cuando el ordenante haya dado el consentimiento para su ejecución"; también, el artículo 45, el cual establece que cuando se ejecute una orden de pago no autorizada, el banco debe devolver al cliente el importe de la operación: "el proveedor de servicios de pago del ordenante restituirá la cuenta de pago en la cual se haya efectuado el adeudo al estado en el que se habría encontrado de no haberse efectuado la operación no autorizada".
Finalmente, y tras atender la petición de la asociación, el afectado recuperó el importe íntegro que le fue sustraído.
