Madrid
A pesar de que el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) agroalimentario fue aprobado en Consejo de Ministros el 8 de febrero, las convocatorias resueltas y cerradas (en evaluación) solo suponen el 9,9 % del total presupuestado (99,5 millones de euros), según los datos de finales de mayo de este año.
Concretamente, se han resuelto convocatorias por 83,5 millones de euros y se encuentran en proceso de evaluación las equivalentes a 16 millones. Todas ellas se incluyen dentro del segundo eje, digitalización en los eslabones de la cadena, y del tercero, I+D+i. Además, forman parte de líneas transversales que se complementarán con otras ayudas como el kit digital.
Aún quedan convocatorias abiertas que suman un total de 77 millones de euros y un grueso de 826 millones aún está en el aire.
Por último, falta también la adenda de 800 millones, de los cuales 400 deberán destinarse al primer eje, para el fortalecimiento industrial del sector en el ámbito de la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad-seguridad alimentaria. Esta cantidad no podrá licitarse hasta 2023.
1.003 millones para ayudar al sector
El PERTE agro está dotado con casi 1.003 millones de euros más una adenda de 800 millones y tiene como objetivo facilitar la recuperación de este sector tras la pandemia. Estas cantidades se repartirían entre sus tres ejes de manera que el primero cuenta con una partida de 400 millones (más otros 400 de adenda); el segundo con 454,35 millones; el tercero, con 148,56 millones. Por último, se contempla una adenda de otros 400 millones para regadíos.
Para que su ejecución sea efectiva, es necesario que el plan cuente con unas bases y convocatorias útiles y coherentes con la realidad y las necesidades del sector. además, deben resultar atractivas para las pymes, ya que representan la mayoría del tejido productivo agroalimentario.
Tal y como reporta la Agencia EFE, desde las Cooperativas Agro-alimentarias están atentos a las nuevas bases y convocatorias y han informado de la posibilidad de que la administración disminuya el presupuesto mínimo de los proyectos, ya que comenzó con 40 millones, una cifra no demasiado viable para las pequeñas empresas.
Según el director de Asaja, Juan José Álvarez, el PERTE "deja mucho que desear" porque "no hay partidas realmente efectivas para el productor".
En la misma línea, la vicesecretaria general de UPA, Montse Cortiñas, considera que "en algunos ejes nos cuesta vernos y reconocernos".
