Bruselas
El sector agrícola es históricamente uno de los mayores receptores de fondos europeos. De hecho, del presupuesto vigente, la Política Agrícola Común (PAC) se lleva más del 30% del dinero. Hablamos de 578.500 millones de euros entre 2021 y 2027. Sin embargo, los mecanismos de control de la Comisión Europea y los gobiernos contra el mal uso de estos fondos son insuficientes, según advierte el Tribunal de Cuentas europeo. Algunas de las prácticas habituales detectadas por los auditores europeos son el acaparamiento ilegal de tierras para obtener subvenciones; el registro de tierras sin explotar o la simulación de actividades.
La Política Agraria Común es uno de los objetos de estudio más común del Tribunal de Cuentas europeo porque supone una gran porción del pastel del presupuesto comunitario y a su vez una de las más complejas de ejecutar y, por tanto, de controlar. Los beneficiarios de estos fondos son desde particulares, hasta cooperativas, empresas y organismos públicos. Por ejemplo, en 2020, alrededor de 6,2 millones de beneficiarios percibieron pagos directos, 3,5 millones (normalmente receptores también de pagos directos) recibieron pagos en el marco de medidas de desarrollo rural y 102 000 recibieron apoyo mediante medidas de mercado.
Los auditores europeos no han estudiado pormenorizadamente todos estos pagos, sino que han puesto la lupa en tres países europeos concretos para detectar tendencias. Así pues, durante el período 2018- 2020, el tribunal auditó a fondo 168 pagos de la PAC y en 17 encontró riesgos de fraude. En la mayoría de casos, la autoridad europea contra el fraude (OLAF) ya tenía investigaciones abiertas, pero la preocupación de los auditores está más relacionada con la prevención que contra la efectividad de las autoridades contra los casos detectados.
Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas recuerda que la Comisión Europea llevó a cabo su último análisis de riesgo de fraude de la PAC en 2016 y no se prevé uno nuevo hasta el año que viene, cuando entra en vigor una nueva política agrícola europea. Esto significa que durante los últimos seis años Bruselas no ha estudiado el riesgo de fraude de una de sus mayores partidas presupuestarias. Por eso, los auditores encuentran dificultades a la hora abordar el impacto del riesgo de acaparamiento ilegal de tierras y creen que no se supervisa con suficiente proactividad la lucha contra el fraude con fondos europeos en los Estados miembros.
Algunos ejemplos de prácticas fraudulentas
El informe de los auditores de la UE ilustra las prácticas fraudulentas detectadas. Por ejemplo, en Lituania, una cooperativa recibió 200.000 euros de ayudas para la transformación y comercialización de productos agrícolas, pero los auditores identificaron que se trataba en realidad de una filial de una multinacional que no podía optar a la ayuda. En Francia, en 2018, la Oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF) recuperó 536.000 euros de solicitudes para fondos agrícolas y ganaderos que se habían otorgado a zonas con instalaciones agrícolas inexistentes, situadas en acantilados o a supuestos ganaderos que no tenían ningún rebaño.
Con todo, los auditores alertan que la CE no supervisa adecuadamente los estados miembros ni dan las guías suficientes a las autoridades que certifican y asignan las ayudas de la PAC. Para hacerlo, el Tribunal de Cuentas considera que un mayor y mejor uso de la tecnología sería útil.
La Comisión usa Excel para analizar los datos de la PAC
Sin embargo, el mismo Tribunal de Cuentas de la UE alertaba la semana anterior que la Comisión Europea no predica con el ejemplo. Según otra de sus auditorías, los miles de datos que se recaban anualmente sobre la aplicación y ejecución de la PAC se recopilan y procesan manualmente, usando hojas de Excel. "La Comisión todavía usa herramientas convencionales como hojas de cálculo para analizar manualmente los datos que recopila de los estados miembro y no usa técnicas de Big Data ni extracción automática", avisa el informe. Por eso, según los auditores la Comisión no cuenta con una visión completa ni con la capacidad efectiva de analizar, diseñar y corregir las políticas agrarias.
