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La Generalitat y el Ayuntamiento recurren la sentencia contra la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona

  • El consistorio modificará el reglamento por si no prosperan los recursos
  • El TSJC anuló la ordenanza en marzo por deficiencias en la elaboración
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. EE
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El Govern, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de la ciudad tratan de salvar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital catalana. A base de recursos judiciales y retoques legales, las administraciones intentan mantener la ordenanza a pesar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Las tres instituciones presentaron recursos ante el TSJC, que fueron admitidos a trámite, aunque falta todavía el visto bueno del Tribuna Supremo. En las alegaciones, priman la obligación que tienen las administraciones a proteger la salud de las personas frente a la movilidad. De ahí se justifica la proporcionalidad.

Además de la ofensiva judicial, el Ayuntamiento de Barcelona anunció que actualizará la ordenanza de la ZBE para adecuarla a las normativas españolas y europeas. El reglamento sería así viable si los recursos no prosperan.

"Actualizamos la ordenanza para que, en el caso desfavorable que el Tribunal Supremo finalmente ratificara la sentencia del TSJC, tengamos una nueva ordenanza actualizada que sea perfectamente acorde a la ley y que no esté en peligro", señaló Eloi Badia, concejal del consistorio.

El Supremo tardará casi un año en admitir a trámite los recursos de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona

En una comparecencia, las tres administraciones defendieron que la sentencia del TSJC va contra las directrices españolas y europeas. Además, recordaron que la Comisión Europea ya abrió un expediente sancionador contra Barcelona y Madrid por sus altos niveles de contaminación.

Ahora, esperan que el Supremo tarde entre seis y nueve meses para aceptar a trámite los recursos y un año para resolverlos.

A raíz de los recursos presentados por varias asociaciones, el TSJC dictó el pasado mes de marzo una sentencia -que no era firme y no se ha ejecutado- que anulaba la ordenanza de la ZBE del Ayuntamiento de Barcelona de diciembre de 2019. El tribunal entendió que tenía deficiencias en su elaboración, faltaban informes que justificasen la medida y era excesiva en el ámbito geográfico de aplicación y en el tipo de coches excluidos.

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