A debate

Alfonso Rueda reivindica la relevancia económica y social de la actividad industrial del litoral gallego

  • El presidente gallego apuesta por seguir promocionando la marca Galicia de los productos del mar al ser sinónimo de calidad. 
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado la "relevancia económica y social" del conjunto de la actividad empresarial e industrial asentada en el litoral gallego. En este sentido, recordó que "Galicia es la comunidad con más kilómetros de la costa de España y toda esa costa es riqueza, ya que allí viven personas, hay empresas que mueven la economía y dan puestos de trabajo y que no están ahí por capricho", ha defendido.

El lider del gobierno gallego se ha expresado así durante una visita a las instalaciones de la sociedad cooperativa Amegrove, en la que ha estado acompañado por el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, y donde ha elogiado la trayectoria de una empresa que se ha consolidado como líder internacional en el sector del mejillón.

"Tenemos un producto magnífico y tenemos que seguir trabajando para seguir manteniendo este sector tan estratégico para la comunidad, no solo aquí a pie de mar, sino todo lo que se mueve para que llegue a los consumidores", ha indicado.

Así, ha apostado por "seguir promocionando" la marca Galicia de los productos del mar, ya que es "sinónimo de calidad" y de saber que hay que pagar por un producto excepcional.

Preguntado por otro asunto, el presidente de la Xunta y líder del PP gallego, ha avalado la propuesta formulada por su partido encaminada a disolver entidades que promuevan referendos ilegales y, si bien ha afirmado no conocerla en profundidad, ha dado por hecho que está "bien pensada, bien fundada y bien argumentada", dijo.

Enmienda

El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, presentó una enmienda a la proposición de ley de amnistía del PSOE en la que propone la "pena de disolución" para las personas jurídicas que convoquen referendos ilegales y penas de entre 5 y 10 años de prisión y de 6 a 2 años de inhabilitación para los cargos o funcionarios públicos responsables de las consultas.

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