Fueron meses muy duros los que pasó la sanidad privada en España a principios de 2020, como el resto del país. Sus centros se pusieron al servicio de una guerra sin cuartel contra el virus pero su modelo de negocio sufrió consecuencias graves. Sin la posibilidad de acogerse a políticas de flexibilización de empleo como el resto de sectores, la privada siguió incurriendo en los mismos (o más) gastos que siempre con la actividad centrada solo en la pandemia. Los grandes grupos soportaron el envite, pero muchas pymes se quedaron en el camino.
Pasó el año de la pandemia y con él volvió la actividad a los centros hospitalarios. Sin embargo, la vida ya no es igual para casi nadie y la sanidad privada no es un oasis. las empresas del sector apostaron por culminar un proceso que había comenzado meses antes de la llegada del coronavirus. la digitalización ya no era una opción que permitiera destacar frente a la competencia, era una necesidad para la supervivencia. Más allá de lo evidente, como es la atención sanitaria a distancia, la economía y la explotación del dato se han convertido en la mejor forma de presentar unos resultados en salud cada vez más sólidos. También las políticas de ciberseguridad se han disparado, ya que este es un sector donde se concentran muchos ciberataques y donde los datos son más sensibles si cabe que en el resto de sectores.
La evolución y la transición por esta digitalización marcará el éxito durante los próximos años en la sanidad privada. Sin embargo, hay más cosas en juego. Con la pandemia como paradigma, el sector comenzó a visibilizar su importancia como socio y parte del sistema nacional de salud, pero los últimos tiempos dibujan nubarrones para estas empresas. En el Consejo de Ministros se aprobaba hace escasas fechas un anteproyecto de ley que pone en jaque la relación que sector privado y público han mantenido desde hace más de veinte años. Una de las premisas de la nueva legislación es la derogación de una ley aprobada en 1997 y que abrió olas puertas del desarrollo de este sector en España. Ahora, la máxima es que la gestión y prestación del servicio sanitario sea desde lo público, algo que afectará directamente a las concesiones sanitarias que existen a día de hoy.
Uno de los espejos que permiten adivinar el futuro es la Comunidad Valenciana. Desde hace unos años, el gobierno regional ha decidido no renovar ninguna de las concesiones que han ido caducando en el territorio. Una cosa similar es la que se pretende ahora que se expanda por el resto de España. Entre unos y otros, hay una sentencia del Tribunal Supremo que indica a las administraciones públicas que deben motivar económicamente la recuperación de un servicio. Es decir, para revertir una situación, la nueva debe ser menos costosa. Pero las cuentas de una comunidad autónoma son muy extensas y pueden compensarse agujeros en un sitio con recortes en otros. En cualquier caso, la nueva ley que puede aprobarse en los primeros compases del año que viene deja una puerta abierta a la contratación de servicios. Habrá que ver su desarrollo y su interpretación, pero en principio, es un portazo a la relación que han mantenido el sector privado y el público hasta la fecha.
Salvedades
Pero la sanidad privada solo es mala a veces, deben pensar algunos. En el mismo texto, al tiempo que se cierra la puerta a las concesiones como modelo por el cual optar si se desea, se salva el modelo de aseguramiento para los funcionarios. Es decir, aquello de "todo es falso salvo alguna cosa", ahora bien podría aplicarse al caso actual. Y es que este modelo asegura ahorros en la atención sanitaria de los funcionarios así como asume que alivia a la debilitada sanidad pública, con listas de esperas aterradoras tras la pandemia. La pregunta que se debe responder es por qué si la sanidad privada alivia listas de espera y ahorra costes debe cercenarse la relación que mantiene actualmente con el Sistema Nacional de Salud
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