Madrid
El último decenio ha sido muy duro, económica y socialmente. Hemos encadenado dos crisis consecutivas. Llegan a la edad adulta jóvenes que solo han vivido en época de crisis. Estos 10 años -que El Economista que cumple 15 ha vivido en primera línea- han cambiado muchas cosas. Han sido los años de los recortes, las reformas laborales y la austeridad pero también de la revuelta feminista y ecologista de los jóvenes, del 15M que ha existido con impacto real, y sobre todo, ha modificado la manera de ver la economía, también en la ciudadanía.
En la salida de todas las crisis cíclicas del capitalismo siempre hay un repliegue y vuelta al consenso Keynesiano; en todas menos en la del 2008-2010, donde se quisieron imponer para solucionarla las mismas medidas de desregularización que la habían generado. Por suerte en la senda postpandémica, Europa y el mundo occidental han vuelto a las políticas monetarias y fiscales de incentivos de anteriores crisis y de dar un impulso a la demanda interna para garantizar el crecimiento económico sostenido y que este llegue a todo el mundo. En este modelo y guion para la salida de la crisis, siempre ha sido muy importante el papel de los sindicatos, y de los salarios, para sustentar la recuperación.
De hecho, en estos 10 años de diferencia de las dos crisis se ha girado del todo el guion: el paradigma neoliberal y de la austeridad decía que primero se tenía que crecer, y luego, quizá si se daban las circunstancias, repartir la riqueza generada. Ya descubrimos que el espiral de la austeridad no generaba crecimiento, sino países y personas más pobres; querían que saliéramos de la crisis siendo todos, la mayoría, más pobres. El otro modelo, que le podríamos llamar actualizándolo, neokeynesiano, dice que solo se puede crecer económicamente si hay primero un buen repartimiento y distribución de la riqueza. El consumo y la demanda interna tienen que ser el motor del crecimiento sostenido y la dinamización económica.
Cuesta entender, hoy, a los que vaticinan, anclados en el viejo dogma neoliberal impuesto des de los años 80 por Reagan y Thatcher, que la solución a la crisis era una sociedad y unos trabajadores más empobrecidos, la destrucción del estado del bienestar y profundizar en el modelo de la precariedad laboral que tan extendido está en nuestro país. Y este no es un debate menor, España tiene que decidir si quiere estar en la Europa rica o en la Europa pobre, que oportunidades de contexto nos da nuestra realidad: o competir con los países más pobres en costes laborales y sociales, o coger el tren de la calidad del empleo y las empresas. Para crecer y que esto genere bienestar se tiene que redistribuir bien la riqueza.
Y aquí quería llegar. Hay dos grandes formas de redistribución de la riqueza: una fiscalidad justa y progresiva, por un lado, y los salarios, a través de los convenios laborales, la negociación colectiva y un equilibrio negociador entre las partes, por el otro.
A esta mirada es clave darle valor al Diálogo social, que es importante decírnoslo, es uno de los patrimonios de la estructuración social de nuestro país. El diálogo social ha sido un buen instrumento durante la pandemia: los acuerdos de los ERTE, el acuerdo del teletrabajo sería muy importante que la patronal estuviera en los próximos. La independencia de los agentes sociales de las dinámicas políticas y partidistas, tiene que tener mirada larga, no coyuntura política a corto plazo. Este, la autonomía política, ha sido unos de los aprendizajes de los sindicatos a lo largo de estos 40 años de democracia, y parece que ahora la patronal está dando pasos hacia atrás. Sería importante, para una buena salida de la crisis, que la patronal de aquí, y dicho sea de paso, que la derecha se deje de crispación y nostalgia, y participen más del consenso europeo de un momento donde la política de incentivos, intereses bajos, inversión pública alta, regulación del salario mínimo común son elementos claves.
Quiero destacar en este sentido la importancia de la senda del SMI pactada en setiembre, y sobre todo el Pacto de las pensiones reciente. La contrareforma laboral será clave: reconstruir el equilibrio negociador, atacar la temporalidad desbocada, para hacer unas bases sólidas para la recuperación y el futuro.
Una de las fortalezas del estado y nuestra sociedad es el sistema público de pensiones y el Pacto de Toledo. Cuando han venido malos tiempos, muchas familias han resistido gracias a las pensiones públicas. Esto también es un patrimonio nacional, quizás el mejor. Que las ansias, legítimas de negocio de la banca privada, ya ayudada con dinero público y el desmantelamiento del sistema de cajas de ahorro, no sea el camino para atacar las pensiones públicas.
A la izquierda y a las trabajadoras y trabajadores nos hacían falta éxitos políticos redistributivos, de los de verdad. La gente no puede vivir, ni comer, solo del reconocimiento de valores, derechos y de diversidades culturales que no se traducen en una mejora de las vidas materiales reales. Unos no pueden ir sin los otros. La principal manera de que las clases populares no se sientan atraídos por la extrema derecha es responder con avances socioeconómicos reales. En ese sentido el acuerdo de pensiones, primero con los sindicatos y después en su tramitación parlamentaria, que, en lugar de hablar de recortar, habla de subir cotizaciones, por primera vez después de 35 años de bajarlas, ha sido un hito, que se merece el calificativo de histórico. Sin dudarlo es el momento del giro más contundente. Y para que todo eso ruede, convenios y salarios dignos, diálogo social vertebrado, equilibrio negociador, y una recuperación económica y una redistribución de la riqueza que genere bienestar para todos es importante tener sindicatos fuertes. ¡Que siga!
