Madrid
La industria inmobiliaria lleva tiempo advirtiendo que el tope a la subida de las rentas del alquiler incluido en la Ley de Vivienda iba a provocar una merma en la oferta. Más de un año después de la entrada en vigor de la normativa se puede asegurar que estos negativos presagios eran ciertos. Lo demostró la decisión de la gestora alemana Patrizia en noviembre de poner a la venta su cartera de 542 viviendas dedicadas al arrendamiento en Cataluña. El motivo que impulsó esta desinversión fue la imposibilidad de obtener rentabilidad con estos activos al estar topados sus precios. Hasta ahora, Cataluña es la única autonomía que aplica el límite en las rentas. De ahí que no fuera casual que los inmuebles que Patrizia puso en el mercado estuvieran precisamente en dicha región. Pese a ello, el Govern ha mantenido la misma línea de intervencionismo con el alquiler, como demuestra la subida impositiva hasta el 20% en Transmisiones Patrimoniales dirigida a grandes tenedores de vivienda.
Un golpe impositivo que ha obligado a Patrizia a olvidarse de la venta en bloque de estos activos para optar ahora por desprenderse uno a uno de sus pisos para evitar el mayor pago de tasas. Pero más allá de este cambio, lo grave es que este tipo de medidas en el alquiler provoca que haya menos oferta. La falta de pisos es la razón que explica que el precio de las rentas esté en máximos, lo que convierte el acceso a la vivienda en uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos. A la vista está que la solución a esta situación no está en topar las rentas y en castigar fiscalmente a los fondos. Muy al contrario, la única respuesta pasa por suprimir iniciativas intervencionistas que crean inseguridad jurídica e impiden que los dueños de los pisos pongan sus activos en el mercado.
