Galicia
Empleados de la antigua filial de Faurecia en la localidad pontevedresa de O Porriño, que en la actualidad se encuentra en concurso de acreedores, han pedido a la Xunta una reunión para analizar los instrumentos que tiene la Administración con el objetivo de buscar inversores serios para la planta y mantener los puestos de trabajo.
En una concentración llevada a cabo este miércoles en las instalaciones de la compañía, los trabajadores han explicado los motivos que, a su juicio, han desembocado en esta situación.
El actual presidente del comité de empresa de Madera Fiber, antigua Faurecia Interior Systems, Leonardo Suárez, ha indicado que fue en julio de 2021 cuando la firma comunicó a los empleados la venta de la unidad productiva al grupo Callista Private Equity, tratándose de un fondo buitre alemán.
En enero de 2022 esta compañía tomó el control de la planta de O Porriño tras el pago de un euro, pese a que Faurecia además inyectó capital por valor de tres millones, según denuncian los empleados.
Los responsables del comprador se reunieron con el comité informando de que traían un plan industrial para dar viabilidad a las instalaciones. Sin embargo, desde el comité entienden que la realidad fue que nunca tuvieron un plan industrial.
De hecho, afirman que no invirtieron nada para tenerlo, sino todo lo contrario, se dedicaron a descapitalizar la planta, llegando incluso a vender los terrenos en julio de 2022 por un precio muy inferior al valor de mercado de 2,4 millones.
El enterrador
Es en febrero de este año cuando el fondo buitre alemán, siguiendo su modus operanti habitual, abandona la antigua planta de Faurecia cediendo los activos por 3.600 euros a una empresa rumana gestionada por Rüdiger Wisser, personaje que se define a sí mismo como 'el enterrador'.
Parece que el nuevo propietario dejó claro que pretendía buscar un nuevo comprador o cerrar la planta y el pasado jueves, 14 de septiembre, presentó el concurso de acreedores.
De los cerca de 100 trabajadores, solo pueden seguir operando seis, debido a que los proveedores han dejado de suministrar materiales por falta de pago, aunque sí hay carga de trabajo.