El Tribunal de Primera Instancia de Bruselas ha ordenado el embargo de las cuentas bancarias del operador público español Enaire en las que se ingresan las tasas aéreas recaudadas por Eurocontrol, en respuesta al impago del laudo dictado en el caso RREEF contra España.
La decisión judicial, fechada el pasado 12 de julio, representa un golpe sin precedentes a la capacidad del Estado español para resistirse al cumplimiento de las condenas arbitrales derivadas de los recortes retroactivos a las primas renovables.
La cuenta embargada, gestionada por Eurocontrol en nombre de Enaire, puede movilizar hasta 500 millones de euros anuales en concepto de derechos de navegación aérea.
La decisión judicial llega tras más de cinco años de impago del laudo dictado por el CIADI en 2019, que condenó a España a indemnizar con 59,6 millones de euros a RREEF Infrastructure —filial del grupo Deutsche Bank— por vulnerar el principio de trato justo y equitativo al modificar retroactivamente el régimen de primas a proyectos solares y eólicos en Andalucía.
A esa cantidad se han sumado intereses de demora y costas judiciales que elevan la deuda a 73 millones de euros. El fallo, firmado por la jueza belga Els De Breucker, rechaza los argumentos presentados por España, que se escudaba en una investigación de la Comisión Europea sobre ayudas de Estado para impedir la ejecución del laudo.
La clave para el rechazo de esa defensa radicó en que RREEF está domiciliada en el Reino Unido, fuera del espacio comunitario, lo que excluye la aplicación automática de las tesis europeas sobre la invalidez de los laudos intra-UE.
El embargo se canaliza a través del vehículo Blasket Renewable Investments, que representa a RREEF en este proceso. La justicia belga ha dado un plazo de 15 días a Eurocontrol para notificar oficialmente a Enaire la ejecución de la medida.
En total, España acumula 26 laudos arbitrales impagados por valor de casi 1.500 millones de euros, a los que hay que añadir unos 180 millones en intereses y más de 90 millones en costas procesales, lo que eleva el pasivo total derivado de estas disputas a unos 1.865 millones. Solo Venezuela y Rusia comparten con España el dudoso récord de países con mayor número de condenas arbitrales pendientes de ejecución.
El embargo en Bélgica coincide con el reciente abono por parte del Gobierno español del laudo relacionado con la firma japonesa JGC, lo que abre la puerta a una eventual estrategia de acuerdos negociados. Desde el entorno de los inversores se insiste en la necesidad de que España adopte una postura pragmática que permita resolver los impagos y recupere la confianza internacional, clave para atraer las inversiones necesarias en el marco de la transición energética.