Economía

Sánchez propone elevar las penas a los corruptos y listas negras para vetar a empresas corruptoras

 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto este miércoles al Congreso un Plan Estatal de lucha contra la corrupción articulado en cinco ejes que alberga medidas que van desde el aumento de condenas para este tipo de delitos, duplicar el tiempo de prescripción y crear listas negras de empresas condenadas para que no puedan contratar con la administración pública.

El plan, elaborado tras el escándalo de Santos Cerdán con la ayuda del socio de coalición Sumar y de los técnicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha sido presentado en el Congreso durante la comparecencia en la que precisamente ha dado explicaciones sobre la trama corrupta del PSOE y en la que ha vuelto a descartar la opción de dimitir o adelantar elecciones.

Estas son todas las medidas del plan contra la corrupción propuesto por el Gobierno:

Eje 1 | Prevención

  • Creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública como órgano central de prevención, supervisión y persecución de la corrupción
  • Extender el uso de mapas de riesgos de integridad a todos los fondos públicos, con un enfoque sistémico y preventivo
  • Impulsar la aprobación de la Ley de Administración Abierta y fomentar un sistema de participación ciudadana en la prevención de la corrupción. Este punto incluye la implantación de pactos de integridad y sistemas de auditoría ciudadana y exámenes adicionales aleatorios de la situación patrimonial de los altos cargos con carácter anual durante todo el mandato.
  • Transformar la Plataforma de Contratación del Sector Público con Big Data e Inteligencia Artificial para prevenir la corrupción
  • Impulsar la aprobación urgente del Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés y ampliación de sus exigencias en la fase pre legislativa
  • Reforzar el control sobre la financiación y la actividad económica de los partidos políticos. Implica la obligación de auditorías externas independientes a partidos y fundaciones que disfruten de una financiación pública superior a 50.000 euros y la reducción del umbral de publicación de donaciones a 2.500 euros en el plazo de un mes desde su recepción.

Eje 2 | Protección al denunciante de corrupción

  • Reforzar las garantías de protección a los denunciantes de corrupción y mejorar la eficacia de los canales de alerta (incluye el derecho a indemnizaciones proporcionales al daño sufrido y la extensión de su protección durante 5 años tras el cese de sus funciones)

Eje 3 | Investigar, juzgar y sancionar la corrupción

  • Reforzar las capacidades del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial con la creación de secciones especializadas en anticorrupción y delitos contra las Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia; el refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción con más medios y personal; la atribución al Ministerio Fiscal de la instrucción de los procesos penales; y otorgando carácter preferente para las causas que involucren a cargos públicos y ampliaremos los plazos de prescripción del delito.
  • Mecanismos de control y sanción frente a empresas corruptoras con sanciones más elevadas, listas negras para vetarlas en más contratos públicos (blacklisting), mecanismos de compliance anticorrupción obligatorios para empresas y la incorporación de la titularidad sobre participaciones sociales al Registro Mercantil para mejorar la transparencia de las sociedades de responsabilidad limitada.
  • Endurecer los castigos y adoptar nuevas medidas contra la corrupción y delitos contra la Administración Pública en el Código Penal. En concreto, propone una penalización agravada de la obstrucción a la justicia en casos de corrupción (agravando un tercio de la pena de privación de libertad y hasta 10-15 años de inhabilitación absoluta), la vinculación del acceso a beneficios penitenciarios con la completa restitución de las cantidades obtenidas mediante prácticas corruptas a las que habría que añadir intereses, la ampliación del plazo de prescripción de la acción penal contra los delitos relacionados con la corrupción política (como el cohecho, la prevaricación o el tráfico de influencias) y la recuperación del delito de administración desleal del patrimonio público.
  • Reforma estructural del modelo de instrucción penal atribuyendo la competencia al Ministerio Fiscal
  • Endurecer de las penas por delitos contra la Administración Pública, duplicar los plazos de prescripción, aumentar las multas a las empresas corruptoras (calculándolas sobre sus ingresos anuales, no sobre los beneficios obtenidos) y crear listas negras con estas empresa para bloquear su contratación.
  • Endurecimiento de las sanciones a las formaciones políticas

Eje 4 | Recuperación de activos robados

  • Reforzar la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA)
  • Crear la figura del 'Decomiso administrativo' o 'Decomiso preventivo' para incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena previa

Eje 5 | Generación de la cultura de integridad

  • Programas de formación obligatoria y difusión de buenas prácticas en materia de integridad y prevención de la corrupción dirigidos al personal del sector público
  • Organizar una campaña social para fortalecer la concienciación anticorrupción e informar al público de la necesidad y las posibilidades de reporte de irregularidades en instituciones públicas
  • Encuesta anual sobre percepción y experiencia de la corrupción en España
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