El Gobierno ha aprobado esta mañana en Consejo de Ministros el real decreto que regula el procedimiento para acceder a la jubilación anticipada. Con la luz verde al nuevo procedimiento, el Ejecutivo facilita el acceso a los coeficientes reductores y establece una fórmula que determina si una profesión cumple con los criterios para considerarse de riesgo. Lo hace casi un año después del acuerdo con los agentes sociales (firmado en julio de 2024), y son muchos los colectivos a la esperan (al menos diez). Entre los que piden un adelanto en su retiro se encuentran los trabajadores de la construcción, policías y guardias civiles, el sector del transporte (de viajeros, mercancías, taxistas y del sector público), el personal sanitario, los trabajadores de la industria química, las 'kellys' y los buceadores. La edad de jubilación no podrá ser, en ningún caso, inferior a los 52 años.
Los supuestos contemplados en la nueva regulación limitan el anticipo a aquellas profesiones con altos niveles de penosidad, toxicidad, insalubridad y elevados índices de morbilidad o mortalidad. No obstante, el adelanto solo se contemplará cuando los trabajadores no puedan beneficiarse de una mejora de sus condiciones de trabajo.
El cambio normativo define que las actividades profesionales que vayan a acceder al anticipo en la edad de retiro tendrán que cumplir con criterios de penosidad (la exposición a temperaturas extremas, ruido o vibraciones; el uso permanente de la fuerza física; la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos), de toxicidad (trabajos con exposición a agentes físicos, químicos o biológicos agresivos o nocivos), peligrosidad (actividades susceptibles de causar un accidente laboral o enfermedad profesional al trabajador con un mayor grado de incidencia o frecuencia que otros trabajos) o insalubridad ( a actividades con exposición a un ambiente susceptible de ser perjudicial para la salud del trabajador).
Tres indicadores objetivos
Además de definir las condiciones necesarias para acceder a la jubilación anticipada, Seguridad Social establece, dentro del real decreto una fórmula basada en tres "indicadores objetivos".
Entre ellos se encuentran cuestiones como la incidencia del número total de procesos de incapacidad temporal (bajas médicas) del colectivo durante un periodo de tiempo, en relación al total trabajadores (tanto de contingencia común como de profesional, para cada grupo de edad y sexo), la incidencia de sucesos graves que mide el número total de fallecimientos y reconocimientos de incapacidad permanente en relación con el total de empleados del colectivo y un indicador que mide la duración media de los procesos de baja. A partir de estos indicadores se medirá el nivel de penosidad, toxicidad, insalubridad y peligrosidad.
Por otro lado, las profesiones ya tenían reconocida la aplicación de coeficientes reductores (trabajadores del mar, mineros y el personal de vuelo, entre otros) no se verán afectados por el nuevo reglamento. Además, la aplicación de los coeficientes reductores que se establezcan llevará ligado un incremento en la cotización a la Seguridad Social para ese colectivo que se fijará en los presupuestos generales cada año.
El proceso de petición
Las organizaciones empresariales, sindicales, de autónomos y la Administración serán las entidades encargadas de solicitar la aplicación de coeficientes reductores para un colectivo. Estas harán llegar la solicitud Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que emitirá un informe de morbilidad y mortalidad, y recabará los informes del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y del Instituto de Seguridad y Salud en el trabajo (si es para trabajadores públicos, de Función Pública).
Dichos informes se remitirán a una comisión de evaluación, que contando con la presencia de los interlocutores sociales, emitirá el un documento sobre las circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación de coeficientes reductores. Por último, una vez resuelto dicho procedimiento se iniciarán los trámites, mediante la aprobación del correspondiente real decreto.
