El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Valencia ha admitido a trámite la querella presentada por una asociación de accionistas contra varios administradores de Banco de Valencia y ha citado a declarar a los exconsejeros de la entidad, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
La Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval) ha ratificado la querella que presentó el pasado 29 de febrero y ha aportado la documentación necesaria para asegurar la legitimidad que la ley exige.
El juez ha citado para primeros de mayo, a una veintena de personas a declarar en condición de imputados, tal como obliga la ley, que determina que los querellados sean escuchados. Según el TSJCV, la citación en calidad de imputados es la que establece la ley para dar audiencia a los querellados, sin que esto signifique que el juez les impute delito alguno. De hecho, "no existe, este momento calificación alguna del juez", según fuentes de este organismo.
En la querella, los accionistas acusan a la excúpula de la entidad de falsedad contable, administración desleal y delito societario.
Según explicó recientemente a elEconomista el abogado de Apabankval, Diego Muñoz Cobo, los querellado son los 14 miembros del consejo de administración a 26 de marzo de 2011 -fecha de la última junta de accionistas-, de los que 11 representaban a personas jurídicas, contra las que también se dirige la querella, ya que así lo permite la última reforma del Código Penal. Asimismo, son querellados la auditora Deloitte y el auditor que firmó las cuentas, Miguel Monferrer.
La lista incluye al expresidente José Luis Olivas -actualmente, presidente de Bancaja- y al ex consejero delegado Domingo Parra, pero no a su sucesor, Aurelio Izquierdo, ni a Rosa Lladró, que renunció a su puesto de consejera cinco semanas antes de la junta. Otro de los consejeros, José Vicente Royo, representante de Rocertex, falleció en mayo de 2011.
Los delitos que les imputan están penados con cárcel -artículos 290 y 295 del Código Penal-, aunque los querellantes afirman que lo que buscan es una indemnización, que han calculado de acuerdo con el valor contable de cada acción a 31 de diciembre de 2010, que era de 2,66 euros por título.
