El Ayuntamiento de Barcelona se encuentra en plena cruzada para resolver el problema que la ciudad tiene con el turismo masivo, que ha comenzado a suponer un problema para los residentes en la Ciudad Condal. Por ello, ello el consistorio de Ada Colau ha puesto especial énfasis en poner coto a la oferta hotelera y tratar de erradicar la oferta de pisos turísticos ilegales de alquiler.
Esta acción municipal afecta principalmente a Airbnb, la popular plataforma para alquiler de pisos, que ayer tendió la mano buscando una tregua asegurando que limitará los anuncios en Ciutat Vella a sólo uno por propietario, algo que el ayuntamiento ha considerado como una "tomadura de pelo" ya que "no es claro y aporta confusión" a un proceso en el que "el único principio básico para el ayuntamiento es que no se puede publicitar ningún piso sin licencia".
En concreto, el concejal de Empresa y Turismo del ayuntamiento de Barcelona, Agustí Colom, ha reaccionado a la propuesta de Airbnb calificándola como "tomadura de pelo" al tiempo que ha afirmado que "no cesaremos hasta que consigamos que no haya ningún piso turístico ilegal en la ciudad. Nosotros no podemos permitir ni uno ni 25 apartamentos ilegales".
Y es que un buen número de usuarios aprovechan la plataforma para ofrecer un gran número de pisos como si fuesen particulares, cuando en realidad se trata de una actividad profesional. Por ello, desde Airbnb explicaban ayer que obligarán a los que pongan en alquiler más de un piso a identificarse como operadores profesionales.
Para Colom, esto no es suficiente y ha apelado a la plataforma de alquiler turístico a eliminar de la web todos los anuncios de viviendas turísticas de Barcelona que no tienen licencia. Al tiempo, el concejal ha manifestado que los responsables de Airbnb "se equivocan una vez más", remarcando que "el único acuerdo posible con Airbnb es que esta plataforma cumpla la normativa, que en nuestra ciudad es muy clara".
20.000 pisos en Barcelona
A día de hoy, según Colom, Barcelona cuenta con una "oferta total de viviendas de uso turístico de 15.881, correspondiente a 9.606 pisos con licencia y 6.275 sin licencia", de los cuales "el 35 % se encuentran en Ciutat Vella y el 33 %, en el Eixample".
Sin embargo, Bloomberg apunta a que el negocio de Airbnb en la ciudad roza los 20.000 inmuebles en alquiler, una cifra que representa a casi el doble de los que la plataforma contaba a finales de 2014. Este músculo inmobiliario acogió a 900.000 personas durante el pasado 2015, con lo que se estima que durante el pasado año ya habrían superado el millón de usuarios.
Y es que Barcelona se ha convertido en un negocio clave en Europa para la compañía, y es que ya es la cuarta ciudad más grande en el contintente después de París, Londres y Roma. y la novena más grande del mundo. Hasta 900.000 personas utilizaron Airbnb para organizar el alojamiento en Barcelona en 2015, según la compañía.
Airbnb argumenta que su negocio tiene una influencia positiva para la ciudad y tiende su mano para ser "parte de la solución en Barcelona. Queremos ser buenos socios y trabajar juntos en reglas claras y sencillas de compartir en casa", dijo a Bloomberg Arnaldo Munoz, director general de servicios de marketing de Airbnb en España y Portugal.
Colom por su parte, también indicó ayer que el proceso de sanción a la plataforma emprendido por el consistorio continúa su curso. El ayuntamiento barcelonés ha sancionado recientemente con dos multas de 60.000 euros por operador a las plataformas Airbnb y Homeaway por ofrecer vivienda de uso turístico sin licencia y ha abierto sendos expedientes sancionadores por reincidir en la oferta.
"No queremos que Barcelona se convierta en un parque temático donde los vecinos se vayan por los altos precios y los negocios locales estén bajo presión", asegura a la agencia Janet Sanz, edil de Ecología, Urbanismo y Movilidad. "No queremos que Barcelona sea la nueva Venecia".
Más allá de las sanciones, el ayuntamiento estudia que los pisos de uso turístico paguen un Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) superior al de las viviendas residenciales porque tienen un uso económico que el Gobierno de Ada Colau considera que debería comportar un gravamen.
