El presidente del Parlament catalán, Roger Torrent, ha anunciado este martes que retrasa el pleno de investidura de Carles Puigdemont que estaba previsto para las 15:00 horas de esta misma jornada hasta que pueda celebrarse con "garantías" de que el expresident no será detenido por presentarse al mismo y hasta que pueda por tanto ser investido "de forma efectiva y sin injerencias". Opta así por una solución intermedia entre la desobediencia al TC que le exigía Puigdemont y la paralización de su investidura que solicitaban Gobierno central y magistrados.
En una comparecencia institucional extraordinaria en el Parlament antes de liderar la reunión de la Mesa ordinaria y horas antes de la investidura, Torrent ha matizado que el pleno no se desconvoca, si no que solo se pospone hasta que pueda celebrarse de una forma "justa, con garantías para que Puigdemont y todos los diputados" puedan celebrar un debate político libre.
"No propondré a otro candidato a la presidencia de la Generalitat que no sea Carles Puigdemont", ha indicado además, "me he comprometido a proteger su inmunidad y para ello he pedido a los servicios legales del Parlament que presenten alegaciones a lo establecido por el Tribunal Constitucional". Así ha pedido al organismo que resuelva cuanto antes dichas alegaciones y deshaga "su chapuza judicial". Este sábado el Constitucional publicaba una resolución en la que indicaba que Puigdemont no puede participar en la sesión de investidura sin autorización previa del juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo, que es el responsable de la orden española de búsqueda y captura. El alto tribunal también se anticipó indicando que la sesión de investidura sería suspendida si Puigdemont intentaba ser elegido de manera telemática o delegada.
De momento, el Constitucional ya se ha manifestado sobre las alegaciones que JxCat presentó el pasado sábado rechazando retirar las condiciones porpuestas para la investidura.
"El Estado español ha mostrado una de sus caras más oscura", ha indicado el político de ERC para apoyar su decisión. "Lo del Constitucional es un fraude de ley", ha insistido, para continuar que así se vulnera el derecho de miles de catalanes que el pasado 1 de octubre acudieron a la urnas. "No aceptaremos injerencias en un parlamento democrático, ni la vicepresidenta ni el TC decidirán quien va a ser presidente de Cataluña", ha indicado. "No dejaremos que digan que los catalanes votaron mal porque no eligieron a quienes ellos querían".
Con esta decisión, el independentismo gana tiempo para encontrar una solución. La duda es que Torrent ha anunciado al candidato dentro del plazo de 10 días, pero no se ha celebrado el pleno, por lo que no queda claro si han empezado a contar los dos meses que fija la ley para encontrar un presidente o si el tiempo no ha empezado a correr. Además, el Tribunal Constitucional abrió un plazo de 10 días para presentar alegaciones a su decisión sobre el pleno, y tampoco queda claro qué afectación tiene este plazo en el mecanismo para la investidura.
Así, los letrados deberían dilucidar cómo queda todo el proceso en una documento que, igual que todos los informes que realizan estos juristas, no es vinculante. La Mesa sel Parlament ya se lo ha solicitado.
Cinco llamadas sin respuesta
Pero además del problema de los plazos, esta solución intermedia por la que ha optado Torrent ha generado otra división: no ha gustado a gran parte del secesionismo, que interpreta que podría tratarse de una maniobra política de ERC para no 'quemarse' por Puigdemont. Así, fuentes de JxCat han pedido que el pleno se celebre tal y como estaba previsto "al darse las condiciones políticas necesarias". En un tono de enfado critican que la decisión no le había sido consultada y hablan de unilateralidad de ERC, a quienes acusan de saltarse las negociaciones. A este respecto, se ha sabido que, antes de comparecer, Torrent llamó hasta en cinco ocasiones por teléfono a Carles Puigdemont, pero éste no contestó a las llamadas.
Desde JxCat, además, aseguran que no han recibido una notificación de Torrent aplazando el pleno y que por tanto sus diputados se sentarían en sus escaños a las 15:00 horas, cuando estaba previsto el pleno.
También la entidad soberanista ANC se ha mostrado contrario a este aplazamiento. "No aceptaremos ningún paso atrás de nuestras instituciones en la defensa del mandato del pueblo de Cataluña y en la defensa de los miembros des estas mismas instituciones", ha asegurado en un comunicado.
En el mismo escrito ha informado de que se mantenía la convocatoria de la manifestación que ha comenzado a las 14:30 horas en la plaza Sant Jaume y en la que los manifestantes independentistas han roto los candados de algunas puertas de acceso al Parque de la Ciutadella y han desbordado el cordón policial de los Mossos d'Esquadra para plantarse ante el Parlament.
La CUP también ha criticado la decisión de Torrent. El representante del partido en el Parlament, Carles Riera, ha criticado "contundentemente" la decisión de aplazar el pleno y ha exigido a Torrent que vuelva a convocarlo: ha tomado una decisión "equivocada y unilateral porque, cuanto menos, no ha tenido la deferencia de avisar" antes a la CUP, ha dicho.
Como protesta, los 'cupaires' se han sentado pasadas las 15:00 horas en sus escaños desplegando un cartel con puños alzados, gesto que los cuatro, Riera junto a Maria Sirvent, Natàlia Sànchez y Vidal Aragonés han repetido antes de dejar la Cámara para unirse a la concentración a la que han asistido en torno a 1.200 personas según la Guardia Urbana.
El último aviso de Rajoy
Tan sólo minutos antes de su comparecencia sorpresa, era el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien avisaba en una entrevista en televisión a Roger Torrent de que debía ser "muy consciente de las responsabilidades en que puede incurrir si se salta" la resolución del tribunal de garantías. Ya conocida la noticia, desde Moncloa se han mostrado satisfechos del aplazamiento del pleno, que calificaban de "burla" a la democracia.
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