La Guardia Civil ha dejado en libertad al director general de la empresa postal Unipost, Pau Raventós, que había sido detenido durante la mañana del jueves en una operación para rastrear los gastos de la Generalitat relacionados con el referéndum del 1-O, según han informado fuentes cercanas al caso.
Esta operación ha sido ordenada por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, después de que la Guardia Civil denunció en un informe la "opacidad" del gobierno catalán para concretar las cantidades de dinero público efectivas que habían destinado al referéndum del 1-O, que fue suspendido por el Tribunal Constitucional.
La Guardia Civil detuvo a primera hora de la mañana en su piso de Barcelona al director general de la empresa, Pau Raventós, que posteriormente fue trasladado a la central de la compañía en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), para proseguir con el registro, que también se ha extendido a la sede social de la compañía, en la calle Mallorca de la ciudad condal.
Raventós fue conducido por la tarde a la comandancia de la Guardia Civil en Travessera de les Corts de Barcelona, donde posteriormente ha quedado en libertad.
El presidente de Unipost, empresa que se encuentra en concurso de acreedores, aparece en el sumario del Juzgado de instrucción número 13 por los seguimientos que llevó a cabo la Guardia Civil. El 15 de septiembre, cuatro días antes del registro en esta empresa, se reunió con los altos cargos vinculados al 'procés' Francesc Sutrias y Xavier Vendrell.
A petición de la Guardia Civil, el titular de este Juzgado pidió el 7 de noviembre a la Generalitat de Cataluña que le informara del coste económico de la consulta. Concretamente, reclamaba información a la administración catalana de la publicidad sobre la consulta y su difusión en medios de comunicación y los costes en el material electoral.
El Juzgado 13 de Barcelona investiga desde hace meses los preparativos del 1-O y las estructuras de Estado que idearon los miembros del Govern de Carles Puigdemont para alcanzar la independencia. El pasado 5 de diciembre, ordenó a la Policía Nacional que se personara en la sede del Instituto de Estadística (Idescat) para recabar pruebas sobre el censo, después de que varios ciudadanos denunciaran el supuesto uso fraudulento de datos personales para su elaboración.
El otro registro en Unipost, ordenado por el Juzgado Número 3 de Terrassa en funciones de guardia, se llevó a cabo el 19 de septiembre en varias sedes de Unipost en Manresa, Barcelona y l'Hospitalet de Llobregat.
En aquella ocasión el Ministerio del Interior consideró que se había intervenido el 80% de las comunicaciones necesarias para cubrir las mesas electorales. La Generalitat anunció el día de la votación del 1-O que utilizaría un censo universal, de forma que cada ciudadano pudiese votar en el colegio que estimara oportuno.
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