La Generalitat de Cataluña ha contratado los servicios de Unipost, que está en concurso de acreedores, para avanzar en la celebración del referéndum ilegal y redoblar el desafío al Gobierno, enviando por correo las notificaciones para las mesas electorales. Es la segunda vez que el Govern utiliza la empresa de la familia Raventós para enviar documentación relativa a una consulta independentista (la anterior fue para el referéndum no vinculante del 9-N), pero es la primera ocasión en que ésta se juega su licencia y su ya complicado futuro por colaborar la con la Generalitat. Y es que si una empresa postal comete una infracción muy grave, la Administración puede abrirle un proceso sancionador y acabar por quitarle su licencia, lo que la abocaría al cierre.
Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, el Gobierno podría abrir un proceso penal y otro administrativo contra Unipost por "colaborador necesario" para la comisión de un delito y por saltarse la resolución del Tribunal Constitucional y repartir o estar dispuesto a repartir documentación vinculada a un acto ilegal.
Las fuentes consultadas aseguran que la compañía postal, que se declaró en quiebra este verano tras sumar seis años en números rojos, tendría que defender que no pudo conocer de ninguna manera el contenido de la correspondencia que tenía que enviar entre el miércoles 20 y el viernes 22 de septiembre.
Por su parte, la administración denunciante (el servicio postal depende de Fomento y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) debería demostrar, por su parte, que Unipost sí podía conocer o tener sospecha alguna de que manejaba documentación de un acto ilegal.
Desde Jausas Legal, administrador concursal de Unipost, mantienen en esta línea que Unipost no tenía por qué conocer el contenido de los envíos. La compañía, que admite un acuerdo especial con la Generalitat para el referéndum, no informó en cualquier caso ni al juez de lo mercantil número 7 de Barcelona, Raúl García Orejudo, que gestiona la quiebra, ni al administrador concursal ni, según denuncian los sindicatos, tampoco a la plantilla. "No se dijo ni qué iban a hacer ni quién era el cliente", denuncian los representantes de los trabajadores.
Unipost se declaró en quiebra con una deuda de 47,4 millones de euros, de los cuales 14,5 millones son con Hacienda y la Seguridad Social, dejando además salarios sin pagar y deudas con los proveedores.
Este año ha entrado en la lista de morosos de Hacienda con 5,4 millones, lo que imposibilita que pueda contratar con las Administraciones Públicas. El administrador concursal defiende, sin embargo, que el servicio formaba parte de un acuerdo previo.
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