La estrategia de PDeCAT y ERC de situar al frente de sus listas para el 21D a quienes consideran representantes del gobierno legítimo de la Generalitat hace que puedan quedar hasta trece escaños vacíos en el Parlament que surja de las próximas elecciones autonómicas. ERC ganaría el 21D empatando JxCAT, Cs y PSC en el segundo puesto.
Dependerá de cómo evolucione el procedimiento judicial contra ellos, que por ahora los mantiene en prisión preventiva o en trámites de extradición desde Bruselas. Del anterior Govern, solo dos caras han decidido desmarcarse de la próxima legislatura: el exconseller Santi Vila, que dimitió antes de la declaración de independencia del Parlament el 27 de octubre, y la consellera cesada Meritxell Borràs.
Tampoco concurre en ninguna lista el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, encarcelado por presunto delito de sedición, al igual que Jordi Sànchez, que ha renunciado a la presidencia de la ANC para ser el número dos de la lista de Carles Puigdemont.
Quienes forman parte de las listas están en la parte alta, lo que asegura que saldrán elegidos en los comicios y obtendrán escaño. Ello les permite disfrutar de la condición de aforados, por lo que les debe juzgar el Tribunal Supremo, pero no podrán ejercer como diputados si permanecen en prisión o en el extranjero.
El reglamento del Parlament y los requisitos de la junta electoral permiten que puedan tomar posesión del acta de diputado, ya que los trámites no precisan un papel presencial, aunque sí deberán firmar documentos como el juramento de que respetarán el Estatut y la Constitución. Sin embargo, a la hora de participar en las votaciones de la Cámara catalana, la normativa parlamentaria no prevé el supuesto de encarcelamiento o exilio como argumentos para delegar el voto. El reglamento especifica los casos de baja por maternidad o paternidad, además de los de hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada "debidamente acreditadas".
En cualquier caso, es la Mesa del Parlament el organismo que debe establecer los criterios generales para delimitar los supuestos que permiten la delegación, y la que debe recibir y admitir a trámite la solicitud de la persona que delega el voto y de la que recibe la delegación, así como los debates y votaciones en que debe ejercerse o, "si procede", la duración de la delegación. Fuentes del Parlament han indicado a elEconomista que no es posible avanzar qué pasará la próxima legislatura porque las circunstancias actuales son "inéditas".
