Carlos Puigdemont ha pasado la noche fuera de la cárcel. Desmarcándose de la línea de la juez Carmen Lamela, el juez de instrucción belga designado para el caso no encontró argumentos suficientes para que el cesado president del Govern, además de los ex consejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, también en Bruselas, fueran enviados a prisión mientras ejecutan la orden de extradición a España. Quedan en libertad con medidas cautelares, que incluyen la retirada del pasaporte, comunicar el domicilio y permanecer en Bélgica a disposición del juez hasta que se tramite la orden.
Una decisión jurídica con significado político, que agitará no solo el proceso judicial en marcha en España, sino sobre todo el camino hacia las elecciones en Cataluña.
La fiscalía belga había trasladado este fin de semana a un juez instructor la euroorden que había salido de España el pasado viernes. Tras ponerse en marcha el procedimiento, Puigdemont, asesorado por su abogado Paul Bekaert, aceptó colaborar "totalmente" con la justicia belga para reducir la carga de las medidas preventivas que le podían caer, como indicó este sábado en Twitter.
Por eso, el expresidente y los otros cuatro consejeros expulsados tras la aplicación del artículo 155 acordaron con las autoridades belgas ponerse a su disposición, según explicó el portavoz de la fiscalía belga. A las 9:17 horas de la mañana de ayer, los cinco se habían entregado a la policía en una céntrica comisaría de Bruselas, quedando desde ese momento privados de libertad. No obstante, el portavoz se cuidó de no utilizar la palabra detenidos.
Dentro del plazo de 24 horas fijado por la normativa comunitaria, los cinco reclamados por Lamela comparecieron por la tarde ante un juez instructor en Bruselas. El magistrado podía rechazar la euroorden, aunque en este caso se trataría por fallos de forma; ordenar su detención, por lo que sería enviado a prisión provisional, o liberarles (con o sin medidas) .
Durante su comparecencia, el juez les informó de los cargos presentados por España. Les ofreció la posibilidad de aceptar la orden y ser trasladados ante Lamela. Sin embargo, como ya lo adelantaron, los abogados rechazaron la rendición, alegando que sus derechos fundamentales no serían garantizados en España. Ahora el caso pasará a la corte de primera instancia (Cámara del Consejo).
Las autoridades belgas tendrán ahora un máximo de 60 días (con 30 días adicionales para casos excepcionales) para tomar una decisión en base a las alegaciones presentadas por los abogados de los fugitivos. Las excepciones para tumbar una euroorden son escasas, y difícilmente quedan a mano de la defensa de Puigdemont y los ex consejeros. La euroorden precisamente se basa en la confianza mutua entre los estados miembros para agilizar investigaciones policiales y procedimientos judiciales.
Sin embargo, la justicia europea ha ido introduciendo con cuenta gotas algunos argumentos que pueden valer para prorrogar la entrega al país que lo solicita, en este caso España, incluso más allá de estos 90 días, según aclaró en una sentencia de 2015
La decisión del juez belga de dejar a Puigdemont y sus acompañantes fuera de la cárcel expone aún más la decisión de Lamela con los otros ocho miembros del Govern, en prisión preventiva en parte por el riesgo de fuga. No es la única que está en la picota. Precisamente el ex primer ministro belga, el socialista Elio Di Rupo, acusó ayer al presidente Mariano Rajoy de comportarse como "el autoritario Franco" por la decisión de cesar al Govern, incluso si han "abusado" de su posición.
Sin embargo, el día de ayer fue un tsunami de realidad que se llevó por delante los intentos de Puigdemont por construir una imagen de un Govern en el exilio, e incluso descuadró sus primeros movimientos de precampaña de cara a las elecciones del 21-D.
De la ofensiva política de los últimos días ante un desmesurado interés de la prensa internacional, pasó a la defensa legal ante jueces y fiscales, y custodiado por la policía. Incluso del francés, en el que se movía cómodamente, como demostró en la entrevista con la televisión belga, donde indicó su voluntad de ser candidato, y del inglés, más torpe pero comunicativo, pasó al neerlandés, idioma en el que transcurrirá todo el procedimiento. Puigdemont evita la cárcel belga y tendrá cierta libertad para la campaña desde el exterior y amplificar el mensaje de la persecución política.
