La Asociación de Directivos de la Educación Pública de Catalunya (Axia) ha pedido este jueves a la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat que dé "un paso adelante" y tome medidas administrativas para proporcionarles garantías como un cese temporal de sus cargos, según ha explicado su presidenta, Isabel Sánchez.
De este modo podrían eludir este fin de semana la responsabilidad y la Fiscalía no les podría acusar de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, ha publicado este jueves La Vanguardia.
Sánchez ha asegurado que necesitan más protección, y han pedido una acción similar a la que tomó el miércoles el conseller de Salud, Antoni Comín, que asumió la presidencia de consorcios para garantizar el derecho a voto: "No es una cosa descabellada".
Sánchez ha pedido a Enseñanza que se les cese temporalmente de sus funciones desde el viernes a medianoche hasta el lunes y el departamento asuma la responsabilidad, ya que el hecho de que la consellera asuma la presidencia del Consorci d'Educació de Barcelona no les exime de su función de director del centro. "Somos directores las 24 horas y los 365 días. Ni estando de vacaciones estamos exentos", ha afirmado Sánchez, para quien las cartas enviadas por la Conselleria señalando que no son responsables no son suficientes.
Ponsatí les exime de responsabilidad
La consellera Clara Ponsatí ha remitido una nueva carta a los directores de escuelas e institutos públicos que son punto de votación en el referéndum de independencia del 1-O para garantizarles que no tienen ninguna responsabilidad en la organización de la consulta del domingo. "En ningún caso tienen ningún papel ni responsabilidad en la organización del referéndum del próximo 1 de octubre".
En esta carta, difundida por la Generalitat, Ponsatí se dirige a los directores al ser "consciente", asegura, "de la inquietud causada por las amenazas sin fundamento del delegado del Gobierno, Sr. Enric Millo, aumentada todavía por las instrucciones del Fiscal General de Cataluña, Sr. José María Romero de Tejada".
En una instrucción, Romero de Tejada ordenó a los Mossos que se personaran en los centros educativos o administrativos donde se prevé que hagan funciones de colegio electoral el 1-O para identificar a sus responsables y tomarles declaración como testigos.
"Estas instrucciones no se ajustan a derecho y serán recurridas", asegura Ponsatí, quien adjunta en la carta un comunicado del Síndic de Greuges que las cuestiona.