El cambio de Gobierno hace imposible que se cumplan los planes de relicitar en el segundo semestre de este año las autopistas de peaje quebradas (entre las que se incluyen las radiales madrileñas), tal y como había proyectado el anterior Ministerio de Fomento.
Sin duda, la demora tendrá sus costes, ya que el hecho de que estas vías sigan en manos del Estado implicará sumar 2.000 millones al déficit con el que esta Administración terminará 2018. Ahora bien, el perjuicio queda limitado gracias a la decisión del nuevo Gobierno de retomar el proceso de licitación el año que viene, y evitar así que quede sumido en la incertidumbre o, lo que sería peor aún, que se paralice completamente.
Pese a toda la polémica que las ha rodeado, las autopistas de peaje ya quebradas han despertado en los últimos meses un gran apetito inversor. Por ellas, se interesaron concesionarias como Abertis o Globalvia, una posición previsible ya que su especialidad es la explotación de activos como estos, ya concluidos y listos para su uso. Pero también constructoras como Sacyr u OHL estudian acudir a la puja de unas infraestructuras también prometedoras para ellas, ya que están libres de costes de expropiación y desarrollo.
Además, sus alianzas con fondos de inversión les aportarían la financiación que necesitan para explotar unos activos que conocen bien, ya que participaron en su construcción. Sin embargo, todo este interés de empresas y de fondos se vería rápidamente diluido si no se establecen unos plazos temporales claros para la relicitación.
El Gobierno acierta al no desaprovechar la oportunidad de hacer unas nuevas concesiones prometedoras por su rentabilidad y que ayudarán a aliviar el déficit del sector público.