El fiasco del almacén de gas Castor se saldó con una indemnización de 1.350 millones para ACS y Escal, ya que todas las cargas del fracaso recayeron sobre el sector público. Pero el Constitucional puso en evidencia las irregularidades que el mecanismo para hacer los pagos supuso.
La sentencia del Tribunal supone en la práctica anular los contratos firmados por el Tesoro con los bancos y la legitimidad de los pagos. También considera cuestionable el hecho de que Industria decidiera que el coste de la compensación recaiga sobre los consumidores, a través del recibo del gas. Sin duda, la postura de los jueces es adecuada y pone patas arriba uno de los mayores escándalos económicos de los últimos tiempos.
El proyecto de ACS y Escal logró hacerse con el visto bueno del Gobierno después de asegurar que se trataba de una infraestructura más económica que unos tanques instalados que ya operaban. Pero no fue así. El presupuesto inicial de 550 millones creció a 1.279 millones, 772 millones más de lo previsto. Ahora el Constitucional abre la puerta a que se realice una auditoría de costes para determinar si el almacén costó lo que se pagó a los promotores o si debieron recortarse, ya que evidentemente los estudios de sismología no se realizaron correctamente, como demuestran los terremotos generados que llevaron al fin de Castor.
Ante este escenario, el Gobierno baraja en estos momentos reclamar la devolución de los 1.350 millones a los promotores. Sin duda, sería una postura adecuada. El Ejecutivo debe mostrarse firme con un proyecto ruinoso y envuelto en serias dudas. Y, desde luego, no puede permitir que el consumidor siga pagando por esta infraestructura habiendo una sentencia que rechaza el cobro.
