Un trabajador que se jubile a los 67 años necesitará haber ahorrado unos 63.400 euros para compensar la caída de ingresos que se prevé a futuro, según el estudio de Analistas Financieros Internacionales (Afi), Soluciones para la jubilación, presentado ayer por la patronal del seguro en España, Unespa. En él, se muestra que las reformas de 2011 y 2013 provocarán una caída media del poder adquisitivo de 350 euros al mes a lo largo de la vida del jubilado que se retire hoy. Una cantidad que se tendrá que compensar con el ahorro privado.
Como solución al problema, tanto Afi como Unespa proponen la contratación de un seguro que garantice una renta vitalicia (que en su cálculo base sería de 380 euros al mes) al ser el "instrumento idóneo para complementar la pensión pública de jubilación", explicó José Antonio Herce, profesor de Afi y coautor del estudio. Este producto de ahorro previsión está enfocado para personas que ya han cumplido los 65 años y desean obtener una renta mensual constante durante el resto de su vida. De hecho, la edad media de los tomadores son los 72 años. Además, el asegurado tiene la opción de preservar parte de ese capital (si es que quisiera) para sus herederos llegado el fallecimiento.
Ahora bien, ¿cómo obtener este ahorro? Herce defendió que las familias cuentan con un valioso patrimonio inmobiliario que puede ser la base para constituir esa renta. Según sus datos, el 82% de las familias poseen la vivienda en la que viven y un 42% tiene una segunda vivienda.
"La plusvalía por la venta de un bien para quien tiene 65 años queda exenta si se reinvierte en una renta vitalicia", recordó Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa. Una transformación que puede hacerse a través de cualquier elemento patrimonial, desde la venta de una segunda residencia o valores bursátiles. Y, con esa transacción, obtener el capital para constituir una renta vitalicia.
Hay que recordar, eso sí, que este beneficio fiscal tiene un límite y son los 240.000 euros, con la condición de que lo ingresado se reinvierta en la renta vitalicia en un plazo máximo de seis meses.
Desde Afi y Unespa alertan el riesgo que podría tener no compensar la reducción de las pensiones públicas con un ahorro privado: podría tener un efecto negativo en el conjunto de la economía para el año 2035 de 46.000 millones de euros en términos de valor añadido bruto y un recorte del empleo de 754.700 puestos de trabajo. Lo que equivaldría a que la actividad económica se vería mermada en un 3% del PIB en 2035 y un descenso del empleo del 3,7% para dicho ejercicio.
¿Y el Pacto de Toledo?
Y es que, a juicio de Herce, el futuro de las pensiones no tiene tanto que ver con la tasa de natalidad o el número de activos de un momento concreto, sino más bien con la esperanza de vida a partir de la edad de jubilación. En este sentido, el experto recordó que si a principios del siglo XX la esperanza de vida en España "apenas era de 37 años", hoy se sitúa muy por encima de los 80 años, tanto entre los hombres como entre las mujeres.
En ese sentido, el profesor de Afi recordó que las vías que tienen los políticos para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones pasan por aumentar impuestos; disminuir el poder de compra de las prestaciones; aumentar la edad de jubilación; y endurecer las condiciones de cálculo y elegibilidad de la pensión. Todas ellas han sido abordadas en las dos últimas reformas, pero hay otra más que pasa desapercibida: la de estimular el ahorro provisional complementario.
Del Pacto de Toledo, por ahora, no sale ninguna recomendación en ese sentido. A falta de un futuro acuerdo, apenas hay propuestas tendentes a extraer las bonificaciones a la contratación de la Seguridad Social; alargar el periodo de cómputo para calcular la pensión al entorno de los 30 años; o cargar a Presupuestos Viudedad u Orfandad, movimiento sin efecto económico alguno.
