
José María Castillejo, presidente y primer accionista de Zinkia, con el 64% de los títulos, está a punto de perder la mayoría en el capital de la productora de Pocoyó. La juez titular del juzgado de lo mercantil número 10 de Madrid ha acordado el inicio de la subasta de un 33% de las acciones propiedad de Jomaca 98 -la sociedad patrimonial de Castillejo, actualmente en concurso de acreedores- con las que aún mantiene el control de la firma.
Todo obedece a un crédito que Castillejo solicitó en 2006 a Bancaja por 16 millones de euros, una cuantía que se eleva ahora a 18,69 millones sumando los intereses de demora por impago. Valladares compró posteriormente ese crédito a Bankia, entidad en la que se acabó integrando Bancaja, por 3 millones de euros en agosto de 2013 y solicitó la ejecución de las acciones precisamente ante el impago de la deuda.
El Juzgado mercantil número 10 de Madrid dio ya el visto bueno el pasado verano a la ejecución de ese paquete accionarial del 33% de las acciones. Castillejo había conseguido, sin embargo, retrasar el proceso al límite posible mediante sucesivos recursos, pero la subasta ya está en marcha y cualquiera puede pujar a través de Internet. El proceso se inició hace apenas una semana y termina el próximo 3 de enero. En una disposición dictada por el juzgado de lo mercantil, y a la que ha tenido acceso elEconomista, se acuerda "convocar la subasta judicial sobre los bienes descritos (...) que tendrá lugar de forma electrónica en el Portal de Subastas de la Administración de Justicia", tras su publicación en el BOE.
Aunque es improbable que nadie acuda a la misma -de hecho nadie ha pujado hasta ahora- las acciones pasarían directamente a manos de Valladares, que tendría el 44%. En el caso de que hubiera una oferta, el hasta ahora segundo accionista de la compañía tendría además siempre la posibilidad de superar la oferta y quedarse con los títulos. José María Castillejo ha tomado decisiones clave a pesar de estar a punto de perder el control, como la aprobación de un plan de retribución variable para el consejo de administración de 600.000 euros, además del reparto de 1,2 millones de acciones entre directivos y consejeros -el equivalente al 5% de la compañía-. Ahora se enfrenta a una investigación por cinco presuntos delitos societarios.
Querella
El juzgado de instrucción número 54 de Madrid admitió a trámite antes del verano una querella presentada contra él por Valladares, que le acusa de administración desleal, apropiación indebida, falseamiento de información económica y financiera de difusión obligatoria, falsedad documental y estafa.
Es una querella a la que se ha sumado además la Fiscalía de Delitos Económicos y que puede conllevar no sólo su inhabilitación, sino también penas de hasta 15 años de prisión.
En la querella se denuncian una serie de hechos con los que Castillejo habría intentado "conservar a toda costa el control de Zinkia Enterainment (...) en su propio beneficio, perjudicando los intereses de los accionistas y de los acreedores" de la sociedad, estableciendo cláusulas de blindaje abusivas para él y para su equipo, falseando la situación financiera, despatrimonializando la compañía y manipulando sus propias acciones.