José María Castillejo, presidente y principal accionista de Zinkia con el 64,7% del capital, se enfrenta a una investigación por presunta estafa al frente de la compañía. La magistrada Carmen González, titular del juzgado de lo mercantil número 10 de Madrid, encargada de la supervisión del concurso de acreedores de la empresa, ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso elEconomista, por la que solicita al Ministerio Fiscal que investigue, en concreto, si Castillejo traspasó acciones que estaban bloqueadas como pignoradas. Es decir, usadas como garantía de un préstamo.
De acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas por elEconomista, en el caso de que la Fiscalía encontrara indicios de delito se abriría la puerta a un proceso penal en un juzgado de instrucción.
Los hechos se remontan a 2011. El 4 de febrero de ese año, la Fundación Santa María de los Peñones, ligada a la familia del propio Castillejo, le otorgó a éste un préstamo de 3,5 millones de euros. Del total, 2,5 millones fueron para Zinkia y el millón restante sirvió para financiar a Jomaca 98, la sociedad patrimonial del propio José María Castillejo.
Este ofreció como garantía 5,49 millones de acciones propiedad de Jomaca 98, pero, supuestamente, no ordenó nunca la inscripción de esta pignoración en la entidad depositaria de las acciones, Bankinter. Con ello, entre febrero de 2011 y junio de 2012 enajenó 1,69 millones de acciones, de las cuales al menos 1,41 millones, deberían haber estado pignoradas a favor de la fundación.
Libre de cargas
El 12 de junio de 2012 entregó así 1,57 millones "libre de cargas y gravámenes", tal y como consta en la escritura otorgada, al segundo accionista de Zinkia, Miguel Valladares. Lo hizo como ejecución de las garantías de otro préstamo sin advertir en ningún momento que esas acciones debían haber estado bloqueadas.
Ha sido ante el impago de su préstamo, y al intentar embargar los títulos, cuando la Fundación ha descubierto el presunto engaño y lo ha puesto en conocimiento tanto de la administración concursal como del juzgado, con la presentación de un escrito. La firma Forensic Solutions, encargada de la administración concursal de Jomaca 98, presentó ya un texto ante la magistrada en el que admite que "en el presente caso se podría observar un comportamiento omisivo (no ordenando la inscripción de la pignoración a la entidad depositaria Bankinter) del que pudiera colegiarse un inicial propósito de no cumplir lo pactado y que ello, además, se pudiera hacer con el designio de poder conseguir, en su caso, un posible enriquecimiento patrimonial injusto al transmitir posteriormente esas acciones libres de cargas y gravámenes".
No obstante, Forensic Solutions advierte también de la dificultad para deducir si esta conducta supone un dolo civil o penal. La Fundación, en cualquier caso, no sólo denuncia una doble hipoteca de las acciones, sino también que José María Castillejo habría pignorado 17,2 millones de títulos pese a tener sólo 15,8 millones en su poder.
Según se desprende de las propias comunicaciones de los acreedores recogidas por la firma encargada de la administración concursal, de esos de 17,2 millones de acciones pignoradas, Miguel Valladares tendría 2,98 millones, por un lado, como garantía de una operación de recompra de acciones de Jomaca 98 y, por otro, 8,25 millones como garantía de un préstamo fallido que recompró a Bankia por 3 millones de euros con la intención de equilibrar la situación financiera de Zinkia. Se trata de un crédito que, previamente, José María Castillejo habría contraído con Bancaja en 2006, por valor de 16 millones de euros y que, tras la imposibilidad de éste de afrontar la devolución del principal y el pago de intereses, creció hasta los 19 millones de euros.
La cuenta se completa con la Fundación Santa María de los Peñones, que a su vez tendría pignorados otros 5,5 millones de acciones como contraprestación del préstamo de 2,5 millones de euros que ésta concendió a Zinkia y el resto, 0,5 millones de acciones, corresponden al Banco Sabadell en virtud de un préstamo de 1,1 millones de euros. En total suman 17,2 millones de acciones hipotecadas, 1,4 millones más de las que tendría en su poder el presidente de Zinkia.
De ejecutarse las acciones que el segundo accionista tiene pignoradas, algo que por ahora impide la situación concursal, el accionariado de la productora de Pocoyó podría sufrir un cambio debido a que Miguel Valladares, que ahora está en posesión de un 11,2%, pasaría a controlar más del 50% en solitario. Y un 60% si se uniese con el tercer accionista de Zinkia, Alberto Delgado.
"Me quieren hundir"
José María Castillejo, presidente de Zinkia y principal accionista de la compañía, aseguró el miércoles a elEconomista que "todo son futuribles" [refiriéndose a la petición de información por parte de la juez a la Fiscalía por presunta estafa]. El principal accionista de la productora considera que existe "interés por parte de los accionistas minoritarios de hundir a uno de los mayores emprendedores de España a precio de saldo".
Zinkia, en concurso de acreedores desde hace un año y con los bonistas atentos a la solución que se les proponga cuando la emisión de deuda vuelva a vencer en noviembre de este año, fue la primera empresa española en pisar el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en el año 2009 ante la expectación que todavía despierta su principal creación, Pocoyó. A día de hoy se siguen descargando más de 2.000 millones de capítulos de este dibujo animado en todo el mundo a través de Internet, que genera a la productora unos ingresos mensuales de 200.000 dólares.