La investigación de la Comisión Europea sobre la presunta manipulación de cuentas por parte de la Generalitat valenciana no solucionará el problema, puesto que ya quedó resuelto en 2012 cuando el Gobierno de Alberto Fabra, elegido ocho meses antes, decidió aflorar todo el déficit oculto en forma de facturas no contabilizadas que arrastraba desde 2009.
No obstante, la práctica de esconder facturas se remonta a finales del siglo pasado y se prolongó bajo los gobiernos de Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps, con cerca de 3.400 millones de euros en total.
Es a partir de 2002, año en que la Generalitat estrena su nuevo plan general de contabilidad pública, cuando la Sindicatura de Cuentas autonómica da la alarma, al detectar 840 millones de euros de gastos sanitarios no contabilizados en ningún sitio, ni siquiera en la cuenta 409 (operaciones pendientes de aplicar al presupuesto).
José Luis Olivas, luego presidente de Bancaja, acababa de sustituir a Zaplana y el consejero de Hacienda era Vicente Rambla. En 2003 llega a la presidencia Francisco Camps, que hasta 2011 tendrá como consejero de Hacienda a Gerardo Camps.
A partir de 2003, se repite la práctica para ocultar déficit, según los informes de la Sindicatura. Parte de las facturas se regularizan al incorporarlas al presupuesto del año siguiente pero otras vuelven a quedar en el cajón a final de año, hasta el punto de que el Síndic elaboró un cuadro de entradas y salidas con el saldo neto, 1.121 millones en 2003, 1.240 al año siguiente, 1.129 en 2005.
El Síndic no sólo criticaba esta práctica, sino el hecho de que los presupuestos de Sanidad eran muy inferiores al gasto real del año anterior.
Según comentaron proveedores a elEconomista, los hospitales tenían una caja propia y pagaban hasta que se acababa el dinero, cada vez más pronto. Entonces, comunicaban a los proveedores que no cobrarían más ese año y sus facturas quedaban en un limbo.
340 millones en intereses
Dada la insostenible situación, la Generalitat pactó en 2007 con los proveedores un aplazamiento de sus facturas de 2002, 2003 y 2004 en diez años, hasta 2016.
Lo hizo mediante un expediente de enriquecimiento injusto por el que reconocía deudas por 847 millones. Pero el acuerdo no sirvió para pasar página a esa práctica, ya que ese mismo año acabó con 563 millones no contabilizados.
Solo dos ejercicios después aplazó 689 millones de los años 2006 a 2008 y siguió engordando el cajón, hasta los 1.842 millones reconocidos por Fabra.
Los dos aplazamientos de deuda supusieron la cesión de todos los créditos a la banca, con un coste para la Generalitat de 340 millones en intereses y 86 millones en compensaciones a las empresas. La deuda reconocida por Fabra en 2012 se imputó al ejercicio anterior, lo que elevó el déficit de la Comunidad y de España.
También se liquidaron las facturas aplazadas, aprovechando el Plan de Pago a Proveedores del Gobierno. A partir de entonces, la Generalitat ha vuelto a la ortodoxia y computa en el déficit todas las facturas, las pueda pagar o no.
Problema de infrafinanciación
Los informes de la Sindicatura apuntan también al origen del problema. Sin justificar los trucos contables de la Generalitat, asegura que los puso en práctica para ocultar la falta de recursos debida a la "infrafinanciación" que sufre la Comunidad Valenciana desde que recibió las competencias de Sanidad y Educación, acentuada con el modelo de financiación de 2009.
Otro problema fue que durante los años del ladrillo, en los que los ingresos propios habrían podido paliar esa falta de recursos del Estado, el dinero extra se destinó a otras cosas.
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