El Gobierno británico mantiene la incertidumbre sobre el futuro de los más de tres millones de europeos afincados en Reino Unido, quienes tendrán que solicitar su inclusión en un registro de "estatus establecido" para continuar en el país tras el Brexit, una vez demuestren haber acumulado cinco años de residencia. La primera ministra intentó ayer transmitir confianza al asegurar que serán "tratados como si fuesen británicos en materia de sanidad, prestaciones y pensiones", pero las dudas permanecen en torno a unas propuestas que obligarán a los ciudadanos comunitarios a demostrar que cuentan con ingresos mínimos de 18.600 libras (21.157 euros) si quieren acompañarse de un miembro de su familia.
Además, tampoco está claro si este "estatus establecido" implicará un carné de identidad emitido por el Ministerio del Interior, o si se limitará a un registro en la base de datos del departamento. El Ejecutivo ha expresado su intención de que el sistema que establezca para procesar las solicitudes sea sencillo, por lo que ha descartado ya el pormenorizado documento de 85 páginas que exigía hasta ahora. Los interrogantes continúan también en torno a la fecha a partir de la que los europeos no podrán acogerse a esta oferta, si el 29 de marzo, día en que se activó oficialmente la salida, o cuando ésta sea completa.
En cualquier caso, quienes no hayan alcanzado todavía los cincos años para el "estatus establecido" contarán con margen, una vez Reino Unido esté fuera de la UE, para sumar un lustro de residencia. Adicionalmente, el Ejecutivo ha avanzado que habrá un "período de gracia" de dos años para procesar la solicitud. De no haberlo hecho para entonces, no tendrán derecho a permanecer en el país. Además, será posible iniciar los trámites antes de que el Brexit sea oficial y será obligatorio cuando se consume,
Para facilitar el proceso, el Gobierno prevé emplear los datos del Ministerio de Trabajo y de la Agencia Tributaria para minimizar la burocracia, como nóminas, pero el departamento de Interior reconoce que la tarea supondrá un desafío. Además, tendrá que acometerla en paralelo a los millones de solicitudes de visados que recibe cada año y, una vez determinada la fecha de corte, con el nuevo régimen de inmigración todavía por determinar.
Esta concreción no ha impresionado en Bruselas. El negociador jefe comunitario, Michel Barnier, dijo que "más ambición, claridad y garantías" eran necesarias. No en vano, incógnitas como qué jurisprudencia protegerá los derechos de los ciudadanos, si la europea o la británica, calificaciones profesionales, o autónomos, no han recibido avales unilaterales por parte de Reino Unido.
