El Canal de Isabel II ha aflorado números rojos en Latinaomérica tras llevar a cabo un proceso de saneamiento de sus filiales. Según consta en las últimas cuentas consolidadas del grupo Inassa, la filial colombiana de la que cuelga el resto de participadas en la región, las pérdidas se elevaron al cierre del ejercicio 2016 a 29.182 millones de pesos (8,27 millones de euros). Es una cifra que contrasta de forma clara con el beneficio de 78.807 millones de pesos (22,3 millones de euros) del año anterior y que obedece a dicha labor de limpieza llevada a cabo en los estados contables en vísperas del proceso de venta.
Al margen del efecto negativo del tipo de cambio de las monedas, que también ha influido entre otros factores, fuentes de la empresa pública madrileña admiten que "se han registrado provisiones y deterioros tras la revisión en profundidad, llevada a cabo en 2016, de la valoración y recuperabilidad de las cuentas por cobrar de algunas de las participaciones de Inassa (principalmente, en la brasileña Emissao y en la colombiana Metroagua)". En las cuentas figura, de hecho, un deterioro total por inversiones y cuentas por cobrar por importe de 83.900 millones de pesos (23,7 millones de euros).
Inassa pagó el año pasado un dividendo a su matriz española Extensia, una empresa que cuelga directamente del Canal de Isabel II, por un importe total de 36.400 millones de pesos (10,3 millones de euros), lo que supone un 150% más respecto a un año antes, cuando abonó 14.792 millones de pesos (4,1 millones de euros). Pero esto es debido a que ese dividendo se realizó con cargo a las cuentas de 2015, distribuyendo así menos de la mitad del resultado total.
A la espera de que se auditen y se publiquen las cuentas del año pasado, los ingresos consolidados del grupo en Latinoamérica crecieron ligeramente en 2016, un 1,8%, hasta 598.875 millones de pesos colombianos (169,7 millones de euros). La matriz colombiana Inassa, sin embargo, ha registrado una evolución mucho más negativa. En concreto, sus ingresos cayeron un 31,4%, hasta 74.784 millones de pesos (21,2 millones de euros aproximadamente). En el Canal explican que esta caída obedece a que "se han cancelado algunos contratos comerciales y de consultoría para centrarse en su actividad principal en Colombia como empresa holding del grupo". Eso, al margen de que según las normas contables aplicables en Colombia, en las cuentas individuales hay que reconocer como ingresos o pérdidas en la cifra de negocio la participación en los resultados que han obtenido sus compañías participadas en el ejercicio, ya que se trata precisamente de un holding.
Investigación
La Audiencia Nacional está investigando ahora presuntas irregularidades tanto en la compra de Emissao como de la propia Inassa. Tras desatarse el caso, el Canal de Isabel II puso ya en marcha precisamente un proceso de reestructuración y cierre de gran parte del entramado, encargando una auditoría para valorar los activos que tiene al otro lado del Atlántico.
De hecho, el actual presidente de la empresa pública madrileña, Ángel Garrido, ha acometido ya el cierre de las empresas que estaban sin actividad. En el último informe de la Cámara de Cuentas, elaborado en 2016, figuraban sin actividad las dominicanas Watco e Inforesa, la Triple A de Venezuela y las mexicanas Iamex y Mexaqua. A 31 de diciembre de 2016, el Canal tenía valorados la totalidad de sus activos en Latinaomérica en un importe total de 883.186 millones de pesos colombianos (250,3 millones de euros). Es una cifra prácticamente similar a la de un año antes.
El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea está investigando, en concreto, posibles irregularidades en la compra de Inassa en 2001, siendo presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón. El Canal de Isabel II se hizo con la firma colombiana por 73 millones de dólares. La Fiscalía Anticorrupción mantiene, sin embargo, que el valor de la sociedad estaba inflado y que la operación supuso al final un desfalco para las arcas públicas de 70 millones. El juez ha imputado por ello a los miembros del consejo de administración del Canal que asistieron a la reunión del 14 de noviembre de 2001 que aprobó la compra y votaron a favor, entre los que figuran el actual presidente de Adif y consejero madrileño de Hacienda en el momento de la operación. Bravo ha negado ya ante el juez las acusaciones acerca de que hubiera inflado el importe de la compra, asegurando que se trataba de "la mejor opción posible" y que el precio pagado estaba por debajo de las valoraciones independientes de las que disponían.
Su declaración chocó, sin embargo, con la del resto de imputados, que sí que admitieron que el Canal manejó en aquel momento informes independientes que situaban el valor de Inassa entre 25 y 50 millones de dólares. La compra de Inassa se aprobó por unanimidad de todos los miembros del consejo de administración.
Aunque el auditor de Inassa, KPMG, ha aprobado las cuentas sin salvedades, sí que hace algunas advertencias sobre las mismas. De este modo, hace referencia "a una serie de noticias divulgadas desde abril de 2017 sobre hechos acaecidos en España en relación con la Casa Matriz (en relación al Canal de Isabel II), que también involucran a un exdirectivo del Grupo en Colombia". KPMG se refiere al caso Lezo, por el que se investiga el cobro de comisiones por parte del expresidente madrileño Ignacio González durante su etapa al frente del Canal y las posibles irregularidades en la compra de la brasileña Emissao, o según se ha sabido también después, de la propia Inassa.
A pesar de ello, el auditor señala de forma sorprendente que "el Grupo no ha sido notificado de las investigaciones formales administrativas o judiciales en su contra". No obstante, KPMG reconoce también en su informe que "no se puede descartar que con el avance de las referidas investigaciones sobre los hechos acaecidos en España surjan informaciones adicionales de las que pudieran derivarse nuevos riesgos operativos y financieros que, eventualmente, podría repercutir en la situación financiera y patrimonial del grupo".
