El nuevo impuesto catalán a los refrescos azucarados amenaza con arrinconar a las marcas blancas en este comunidad autónoma. La tasa ha provocado subidas del entorno del 10% de media en los productos con marca de fabricantes mientras que en el caso de las enseñas blancas el incremento se dispara hasta el 50% o incluso más. Según fuentes del mercado consultadas por este periódico, eso provoca que se haya estrechado al máximo el diferencial de precios entre unas y otras, lo que puede acabar produciendo un desvío del consumo hacia las enseñas líderes. España lidera la reducción de azúcar en la UE.
El nuevo impuesto a los refrescos tiene dos tramos distintos, uno de 8 céntimos de euros para bebidas que tienen entre cinco y ocho gramos de azúcar por cada 100 mililitros y otro de 12 céntimos para los productos con más de ocho gramos por 100 mililitros.
Además del proceso de adaptación que está suponiendo en el negocio de la marca blanca, la entrada en vigor del impuesto en Cataluña, que fue efectivo el pasado 1 de mayo tras retrasarse un mes, ha creado muchas dudas en el sector acerca de cómo aplicarlo. Entre otras razones, por la falta de un reglamento que lo desarrollara.
En un principio, está previsto que mañana finalice este "vacío legal", porque se espera que finalmente el consejo ejecutivo de la Generalitat lo apruebe, tal como adelantaron la semana pasada la directora general de tributos y juego de la Generalitat, Marta Espasa, y la subdirectora general de régimen jurídico de la Generalitat, Natalia Caba.
Esta reglamentación, además, ha ampliado las previsiones de ingresos tributarios de la Generalitat por esta tasa. Concretamente, ahora espera recaudar 40 millones de euros este año y 70 millones cada ejercicio. En sus primeras previsiones, el gobierno catalán adelantó que este ejercicio ingresaría muchos menos, 30,98 millones de euros.
A nivel nacional, el Gobierno estuvo ya estudiando un impuesto a las bebidas azucaradas, aunque finalmente echó marcha atrás. Al aprobarlo ahora la Generalitat d, se ha roto, por lo tanto, la unidad del mercado. Y lo peor para el sector es que pueda ir aún más allá porque todo indica que Cataluña no será la única que fije una tasa a los refrescos.
De hecho, otras comunidades autonómas como Valencia o Canarias están estudiando también medidas similares. El caso más avanzado, en este sentido, en el valenciano, donde Compromís ha presentado ya una proposición no de ley que está siendo estudiada por la Generalitat Valenciana. En la propuesta se asegura de forma literal que "habría que ir más allá y tratar de desincentivar el consumo de otros alimentos azucarados o con exceso de grasa, como es el caso de los productos de bollería, entre otros". Según Compromís, "los impuestos influyen en el comportamiento de los consumidores y, de esta manera, se puede reducir el consumo de productos azucarados", algo que no ha pasado en ninguno de los países con tasas de este tipo.
Piden llevar la tasa al Constitucional
Agricultores, la industria alimentaria, empresas de distribución y el sector hostelero han reclamado de forma conjunta y por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto catalán sobre las bebidas azucaradas.
Así lo han anunciado hoy una docena de asociaciones sectoriales representantes de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, que se han apoyado en un informe jurídico elaborado por el despacho de abogados Uría Menéndez para instar al Ejecutivo a actuar contra la decisión de la Generalitat de Cataluña.
Las entidades firmantes han coincidido en apuntar que este impuesto rompe la unidad de mercado, vulnera el principio de territorialidad y obstaculiza la libre circulación de mercancías y servicios en territorio nacional, entre otros perjuicios.
