El estallido de la Operación Lezo ha puesto en cuestión la red que tiene el Canal de Isabel II en Latinoamérica. La empresa pública madrileña, que había anunciado ya en julio del año pasado una reestructuración y el cierre de gran parte del entramado, encargará ahora una auditoría para valorar los activos que tiene al otro lado del Atlántico. Fuentes de la empresa pública aseguran que "se trata de conocer el valor exacto de los mismos de cara a posibles desinversiones o ventas". Con Gallardón, el Canal Isabel II pagó por una firma colombiana tres veces su valor.
En los últimos meses, el actual presidente del grupo, Ángel Garrido, ha acometido ya el cierre de las empresas que estaban sin actividad. En el último informe de la Cámara de Cuentas, elaborado en 2016, figuraban sin actividad las dominicanas Watco e Inforesa , la Triple A de Venezuela y las mexicanas Iamex y Mexaqua. Entre las sociedades que se habrían cerrado también figuraría Emissao, cuya compra en noviembre de 2013 por 21,3 millones de euros desató las sospechas y está en el origen de la trama de corrupción, el desvío de fondos a paraísos fiscales y blanqueo de capitales.
El Canal lleva invertidos más de 150 millones de euros en montar la red latinoamericana, que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, habría utilizado, presuntamente, para el desvío de fondos y blanqueo de capitales, de acuerdo con la investigación que está llevando a cabo el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. De acuerdo con las últimas cuentas consolidadas de la empresa madrileña, la valoración contable de sus activos intangibles se elevaba a 31 de diciembre de 2015 a un total de 127 millones de euros.
Reparto del negocio
Del total de la cifra de negocios del grupo, que asciende a 1.034 millones de euros, el 83% se genera en el mercado nacional y el 17% en el iberoamericano, fundamentalmente por la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, conocida como la Triple A colombiana.
La mayor parte de la inversión se ha efectuado no obstante en la compañía Inassa, cabecera de gran parte de los negocios en la región y en la que el Canal tiene una participación actualmente del 81,24%, quedando el 18,76% restante en manos de la firma Sociedad Latinoamericana de Aguas (Slassa), con sede en Panamá. Para llegar a esa participación, el Canal ha desembolsado ya un total de 113,4 millones de dinero público. La entrada en Inassa se produjo en 2001, con Alberto Ruiz Gallardón como presidente de la comunidad autónoma, y Carlos Mayor Oreja al frente del Canal a través de la sociedad filial Extensia.
El Ejecutivo acordó en ese momento la compra del 75% de la compañía por 83,6 millones de euros, pero tan sólo un año después tuvo que hacer una ampliación de capital por otros 13,7 millones más. En 2005 pagó otros 511.000 euros por un 3% adicional y en 2006 suscribió una segunda ampliación de capital para llegar a la actual participación accionarial por otros 16,1 millones.
De Inassa colgaban diez sociedades filiales a lo largo y ancho de todo el Continente, y varias de éstas además tenían participación en otras firmas. En total, el Canal llegó a tener hasta 18 firmas en Iberoamérica. Concretamente, Watco Dominicana e Inassa. De ésta última colgaban cinco firmas colombianas -Triple A, Metroagua, R&T, Amerika Tecnologías y de la Información y Avanzadas Soluciones de Acuedutos y Alcantarillado (Assa); dos ecuatorianas -Inassa Ecuador y Amagua-, la dominicana Triple A, la panameña Inassa Panamá y la brasileña Emissao, ésta última ya cerrada. Algunas de ellas además participaban en un total de seis firmas más.
Desfalco millonario
El juez Eloy Velasco señaló el pasado viernes en el auto de prisión de María Fernanda Richmond, exdirectora financiera de Canal Extensia, que la compra del 75% de Emissao por parte de la empresa pública del agua había supuesto un desfalco de 23,3 millones de euros para el patrimonio público madrileño. Velasco apunta que hubo una decena de irregularidades en la operación y se realizó a través de cuentas no autorizadas en paraísos fiscales. Concretamente, la adquisición de Emissao la hizo una filial del Canal en Uruguay, llamada Soluciones Andinas de Aguas. La investigación apunta a que parte del pago se realizó desde Suiza.
La filial uruguaya del Canal compró Emissao por 21,3 millones, un precio muy superior al real, puesto que la propia compañía pública reconocía en sus cuentas de 2014, tan sólo un año después de adquirirla, que la empresa estaba valorada en tan sólo 5,08 millones de euros. La operación Lezo se ha cobrado la detención de Ignacio González, su hermano Pablo González y de su cuñado, Juan José Caballero. Además, también fueron arrestados el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino; la exdirectora financiera de Canal Extensia, María Fernanda Richmond; el exdirector general del Canal, Adrián Martín, y el consejero delegado de OHL, Javier López Madrid.
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