Las presuntas irregularidades cometidas por el Canal de Isabel II no se hicieron únicamente bajo la presidencia de Ignacio González como presidente autonómico entre los años 2012 y 2015 o antes como máximo responsable de la empresa pública madrileña. De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por el juez Eloy Velasco, en 2001, el Canal pagó por la colombiana Inassa, matriz ahora de todos sus negocios en Latinoamérica un importe de 100 millones de euros, cuando su valor real no llegaba ni a 30 millones. El Canal de Isabell II encargará una auditoría para evaluar sus activos en Latinoamérica.
En ese momento, la presidencia del Canal de Isabel II estaba ocupada -desde 2000 a septiembre de 2001- por Carlos Mayor Oreja, exconsejero del Gobierno autonómico de Ruiz-Gallardón y hermano del exministro Jaime Mayor. Le sucedió en dicho puesto el también exconsejero Pedro Calvo hasta mayo de 2003, cuando tuvo lugar el tamayazo, etapa en la que este organismo público fue presidido de forma interina por Miguel Garrido hasta que González fue designado presidente del mismo en diciembre de ese año.
El Grupo Inassa se describe actualmente en su página web como "cabecera de expansión del Canal de Isabel II en América Latina", estando formada por un total de 10 empresas y con presencia en Colombia, Ecuador, República Dominicana, Panamá y Brasil.
De acuerdo con una conversación telefónica intervenida a Ignacio González, y que ayer adelantó el diario El País, éste admitía ya que la compra de Inassa en el año 2001 "sí que fue un pelotazo". El expresidente autonómico, en prisión desde el pasado viernes por la noche, pronunció estas palabras después de que el pasado mes de julio su sucesora al frente del Gobierno regional, Cristina Cifuentes, presentara un informe ante la Fiscalía Anticorrupción en el que detallaba irregularidades en la compra de la brasileña Emissao en noviembre de 2013, cuando se pagaron 23 millones por una empresa que apenas valía 5, en contra del criterio del auditor, KPMG, sin pedir los oportunos permisos a la Comunidad de Madrid y sin llevarlo ni siquiera al consejo de administración del Canal, en el que ella estaba en ese momento.
La operación de 2001 podría haber prescrito, aunque no se descarta por el momento la apertura de una pieza separada una vez que vaya avanzando la investigación. De hecho, durante los registros de la pasada semana en la sede del Canal, la UCO intervino ya abundante documentación al respecto.
De momento, el juez Eloy Velasco está investigando también el presunto pago de sobornos por parte de Inassa, ya con González al frente del Canal, para conseguir contratos en Latinoamérica.
Iniciativa de Cifuentes
Ayer mismo la actual presidenta del Gobierno regional, Cristina Cifuentes, dio instrucciones para que la Comunidad de Madrid se persone como acusación particular en la denominada Operación Lezo, en la que se encuentra implicado su antecesor, Ignacio González, acusado de los presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, malversación, cohecho, blanqueo, fraude y falsificación documental. También se ha detenido a la exdirectora financiera del Canal de Isabel II, Maria Fernanda Richmond, el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez, y el exdirector de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, entre otros.
La decisión fue adoptada a la vista del criterio de la Abogacía General de la Comunidad, que puso de relieve que las irregularidades investigadas afectan a diferentes organismos de la Administración regional, y que, en consecuencia, de las mismas puede derivarse un perjuicio patrimonial para la propia Comunidad.
Así, en aplicación de los artículos 101 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Comunidad de Madrid seguirá a partir de ahora la evolución de las investigaciones, para personarse en el momento procesal oportuno, según explicó el Gobierno regional.
De este modo, el Ejecutivo de Cifuentes recordó que esta actuación viene a sumarse a la llevada a cabo el pasado año, cuando se dio traslado a la Fiscalía de un amplio informe en el que se detallaban diversas operaciones llevadas a cabo en el Canal de Isabel II y sus empresas filiales, que pudieran ser constitutivas de delito.
En la misma línea, el Gobierno madrileño apuntó que "esta nueva iniciativa de carácter jurídico sigue el criterio de la presidenta Cifuentes, de tolerancia cero con la corrupción, que ya se ha aplicado con anterioridad con la personación del Gobierno regional en la Operación Púnica y en la Operación Gürtel, para defender los intereses de los madrileños".
