El Grupo Unidos por el Canal, liderado por Sacyr junto a la italiana Impregilo, Jan de Nul y Cusa, han presentado ya reclamaciones por 3.480 millones de dólares (3.220 millones de euros) ante la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), lo que supone duplicar el coste de la adjudicación de la obra en 2009 que ascendía a 3.118 millones. No obstante, el consorcio ha dejado la puerta abierta a reclamar hasta 5.380 millones, tal y como indica El País. Sacyr no prevé una solución global a sus reclamaciones por el Canal de Panamá antes de 2022
A lo largo del ejercicio 2015, el grupo presentó reclamaciones por 310 millones de dólares, lo que ha supuesto llegar a duplicar el coste de la adjudicación, tal y como se desprende de las memorias que hace públicas la ACP cada año. Esta situación ha vuelto a generar una fuerte tensión entre los constructores y el administrador del Canal ya que la mayoría de ellas han sido rechazadas por la ACP y remitidas a la Junta de resolución de conflictos (DAB).
Según explica la ACP, Gupc reclamó 463,9 millones de dólares por las mezclas de cemento y agregados que fueron denegadas por la autoridad. Posteriormente, esta reclamación se llevó al DAB que decidió en diciembre de 2014 darles la razón a los constructores que debían recibir 233,2 millones de dólares.
La Autoridad desembolsó esta cantidad pero en marzo de 2015 ambas partes, tanto el Canal como los constructores, presentaron ante la Cámara Internacional de Comercio dos solicitudes de arbitraje separadas. Por su parte, el consorcio espera recuperar 577 millones por este motivo y la ACP la devolución de dinero pagado.
En estos momentos se están constituyendo los tribunales arbitrales. En lo que respecta la reclamación de la ataguía temporal del Pacífico, GUPC pide 218 millones de dólares. En esta petición, el DAB le dio la razón al Canal y los constructores acudieron a un arbitraje cuya audiencia está prevista para julio de este año tras haberse solicitado un retraso.
Inauguración para el segundo trimestre
La Autoridad del Canal, no obstante, aseguró que la inauguración de la obra está prevista para el segundo trimestre de este año y que el desfase en la culminación del proyecto del tercer juego de esclusas se debe a varios factores: los problemas organizacionales del contratista, especialmente al inicio de las obras; ineficiencias; retrasos del contratista en el diseño y pruebas de las mezclas para hormigón; la suspensión temporal unilateral de la obra; y las filtraciones en el quicio #3 del Pacífico entre otros.
La Autoridad del Canal de Panamá ha negociado prácticamente con todo el resto de participantes una solución al problema de los sobrecostes de las obras. El último caso se pudo ver en la resolución de las obras del PAC-4.
La Autoridad del Canal de Panamá parece tener dos varas de medir. La entidad que dirige Jorge Quijano, ha reconocido en el contrato del llamado PAC 4 una serie de sobrecostes a las constructoras FCC, ICA y Meco por la mala calidad del basalto de la zona en la que se construyó la nueva conexión interoceánica que, por el momento, se niega a reconocerle al consorcio encabezado por Sacyr.
Reclamación de 150 millones
Las tres compañías reclamaban 150 millones de dólares por este concepto y al final la Autoridad del Canal les ha reconocido 111 millones de dólares, lo que equivale a un 42 por ciento del contrato inicial, según se desprende de la información que hace pública la propia entidad. Además, ACP ha asumido a su cargo el dragado final del fondo del canal de aproximación, que el contratista se dejó alto y no permitía pasar a los buques Neopanamax.
Es decir, que al final ACP concedió más del 45% adicional sin ir a un arbitraje, pues se produjo una negociación final por la que las partes renunciaron a este litigio. La obra además fue entregada con más de dos años de retraso ya que la fecha inicial del entrega era agosto del 2013.
El administrador del Canal de Panamá, Jorge Quijano, reconoció de hecho en una entrevista con Efe que "todos los contratos" de la ampliación "han sido cerrados y los reclamos pagados", con la sola excepción del de las nuevas esclusas, a cargo del consorcio GUPC, cuya resolución está en manos de terceras instancias. La última reclamación resuelta bilateralmente fue una del consorcio integrado por la española FCC, la mexicana ICA y la costarricense Meco, que se saldó por "11 millones de dólares" frente a los "41 millones" pedidos por las empresas, reveló Quijano.
El consorcio se adjudicó en diciembre de 2009 por 267,79 millones de dólares el contrato del llamado proyecto CAP-4, de excavación de 6,1 kilómetros del nuevo cauce (27 millones de metros cúbicos), la segunda mayor licitación de la obra de ampliación tras las esclusas. En ese sentido y sin entrar en detalles, Quijano dijo que recientemente tuvo lugar en Miami, EEUU, una audiencia por una de las reclamaciones económicas del GUPC "y esperamos en los próximos meses un resultado de ese primer arbitraje". El administrador reconoce que no ha negociado con el consorcio por su cuantía.