TCI y Taconic compran a derribo deuda de las autopistas en quiebra

Imagen: EFE

Los fondos de inversión The Children Investment (TCI) y Taconic Capital se erigen como los principales compradores de deuda de las autopistas de peaje en riesgo de quiebra, que las entidades financieras, fundamentalmente las extranjeras, han traspasado en los últimos meses con descuentos que alcanzan el 90 por ciento, según señalan fuentes conocedoras de las operaciones.

TCI es conocido en España por ser el segundo mayor accionista de Aena, con una participación del 7,7%, sólo por detrás de la sociedad estatal Enaire. El fondo británico, que invierte gran parte de sus ganancias en una fundación que ayuda a niños en países en desarrollo, también está presente en el capital de Red Eléctrica y recientemente ha protagonizado operaciones relevantes en España, como el contrato de financiación puente por 120 millones de euros que firmó con Abengoa a finales de octubre pasado.

Las nueve autopistas de peaje en concurso de acreedores (R-2 Madrid-Guadalajara, R-3 Madrid-Arganda, R-4 Madrid-Ocaña, R-5 Madrid-Navalcarnero, AP-41 Madrid-Toledo, AP-36 Ocaña-La Roda, M-12 Eje Aeropuerto Barajas, AP-7 Cartagena-Vera y AP-7 Circunvalación de Alicante) suman una deuda conjunta próxima a los 5.500 millones.

De este importe, la deuda bancaria alcanzaba hasta hace escasos meses los 3.768 millones, que ahora se habría rebajado con las ventas en el mercado secundario por parte de algunas entidades extranjeras a TCI y Taconic, principalmente, y a otros fondos que, en menor cuantía, también se están aprovechando de los precios de derribo que impone la parálisis en las negociaciones con el Gobierno -ahora en funciones-, según indican diversas fuentes financieras.

En punto muerto

Del total de deuda bancaria, el 66,6% corresponde a entidades españolas. Según los últimos datos que manejan los acreedores, Bankia es la más expuesta, con créditos por 470 millones, y conforma junto con Santander, con un pasivo de 327 millones; Sabadell, con 310 millones; Caixabank, 290 millones; BBVA, 275 millones; y Popular, con 120 millones, el denominado G-6 bancario, que en ningún caso se ha desprendido de su deuda, según las fuentes consultadas.

Novobanco, con 170 millones de pasivo y Unicaja, con 115 millones, figuran igualmente entre los principales acreedores de las autopistas en riesgo de quiebra -dos de ellas ya están en proceso de liquidación-. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) aparece en el listado con 270 millones. De acuerdo con fuentes del sector, "ha habido ventas puntuales por parte de alguna pequeña entidad española, pero las mayores operaciones corresponden a los bancos extranjeros".

Desde el verano de 2015, el proceso, en el que originalmente participaban 50 bancos, está prácticamente en punto muerto. Las sucesivas propuestas del Ministerio de Fomento no convencieron ni a las sociedades concesionarias, de las que forman parte Abertis, ACS, Sacyr, OHL o Ferrovial, ni a las entidades acreedoras, especialmente a las extranjeras, que siempre han mostrado una posición más beligerante con el Estado.

A este respecto, a expensas de las ventas que hayan podido acometer en el mercado secundario de capitales, Royal Bank of Scotland (RBS) aparecía hasta hace unos meses con el mayor volumen de deuda, con alrededor de 120 millones, por delante de ING, que suma 100 millones; y BNP Paribas y Lloyds, con unos 55 millones cada uno. Las fuentes consultadas apuntan a que los traspasos provienen, no obstante, de bancos con exposiciones limitadas que han decidido soltar lastre a pesar de las pérdidas asumidas.

Entre las que más deuda tienen, ING y BNP Paribas se mantienen y confían en que tanto el Estado como los accionistas cumplirán con sus obligaciones, según señalan fuentes oficiales.

La responsabilidad del Estado

Además de los casi 3.800 millones de créditos bancarios, la deuda total de las autopistas suma unos 1.200 millones ligados a las expropiaciones y cerca de 500 millones que reclaman las constructoras.

En virtud de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública (RPA) asociada a estas concesiones, el Estado tendrá que desembolsar un máximo de 3.344 millones por el rescate de las autopistas en concurso de acreedores. Fuentes gubernamentales aseguran que a esta cifra, en todo caso, habría que descontarle las amortizaciones y las expropiaciones.

Sin embargo, la patronal de las grandes constructoras, Seopan, eleva sustancialmente la cifra. Hace un año estimó en 8.000 millones el coste de compensar a las concesionarias si se incluyen los intereses de demora.

El agujero en estas autopistas se sustenta en las erráticas previsiones de tráfico, así como en los sobrecostes derivados de las mejoras solicitadas por las Administraciones, siempre según las constructoras, y del precio de las expropiaciones, que de los 388 millones calculados inicialmente pasó a 2.250 millones.

Fe de erratas: En lugar de Tacoma Capital, como aparecía en la información original, el fondo es Taconic Capital


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