La Generalitat ya ha trazado el plan para pagar la indemnización a Acciona por Aigües Ter-Llobregat (ATLL). A la espera de que el Tribunal Supremo dicte sentencia y decida si la concesión de ATLL a Acciona por parte de la Administración fue irregular, el Govern ya sabe cómo actuar en ese caso.
La conselleria de Territorio que lidera Josep Rull tiene preparada otra triquiñuela contable para evitar incluir en los Presupuestos la indemnización de cerca de 300 millones de euros que la Generalitat tendría que pagar a la empresa de los Entrecanales, por el pago inicial que hizo cuando consiguió la adjudicación más algunos añadidos.
La partida no está provisionada, ya que Junqueras defendió en la presentación de las cuentas que "no puede incluir cosas que no se han producido", y tampoco aparece en ninguna de las diferentes secciones presupuestarias. Eso no significa que la Generalitat no tenga previsto el pago, el movimiento es mucho más hábil. El conseller de Territori, Josep Rull, reconoció sotto voce en la comisión de su departamento que será la nueva empresa quien asuma la deuda. Es decir, que si ahora la empresa mixta ATLL Concesionaria está participada mayoritariamente por Acciona y de forma menor por los Rodés, los Godia-Torreblanca y el fondo Pioneer; se creará una nueva empresa cien por cien pública que asumirá la gestión, pero también la indemnización.
A costa del contribuyente
Esta nueva empresa pública, en palabras del propio Rull, "tendrá unos activos, que son las instalaciones; y unos pasivos, que será la indemnización". Después, asumió que "el agua paga el agua vía tarifa", en alusión a que esta deuda no aumentará el recibo del agua. Sin embargo, "el agua paga el agua" y los propios ingresos de ATLL acabarían absorbiendo la deuda, a costa de los contribuyentes y sus impuestos.
La rocambolesca historia de ATLL será polémica hasta su fin. El pasado diciembre, cuatro años después de la adjudicación in extremis por parte de Mas para cuadrar los presupuestos, el Govern ahora liderado por Puigdemont hizo otro giro.
La Generalitat perdonó la mitad del pago anual (7 millones) que debe hacer Acciona anualmente en concepto de canon. El objetivo era no subir la factura del agua a los usuarios, por lo que en teoría este pago se aplaza a 2018. Pero ese año, la sentencia ya estará dictada, y si el Supremo sigue la directriz de la Justicia catalana, ATLL pasará a manos públicas. Si bien la factura del agua no subirá, las arcas públicas catalanas dejarán de ingresar 7 millones que pagarán igualmente los contribuyentes, al igual que la indemnización del mayor pufo de la historia de la Generalitat.
