La concesión que hizo Artur Mas en los últimos días de su primer mandato sigue costándole cara a la Generalitat. Las arcas públicas catalanas dejarán de ingresar el próximo año hasta 7 millones de euros por parte de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que controla en su mayoría Acciona. La razón: frenar la subida del precio del 'agua en alta' que quiere aplicar ATLL, a cambio de 'aplazarle' a Acciona el pago de 7 millones que debía hacer a la Generalitat este próximo año hasta 2018.
El "agua en alta" es la que se capta de ríos y pozos, se potabiliza, y en este caso, ATLL se encarga de venderla a las suministradoras que finalmente la hacen llegar a los usuarios. Por lo que la subida del 4,6% que ATLL quiere cargar sobre el agua en alta, incrementaría a su vez el precio que pagan las suministradoras que la llevan a los hogares. Así, los que en realidad acabarían asumiendo el cambio de tarifa no serían las empresas, sino los consumidores que verían como su factura final se triplica.
La Generalitat quiere evitar a toda costa esta subida final en los usuarios, pero para ello ha tenido que pagar un precio. La solución que ha encontrado la conselleria de Territori es aplazar a 2018 la mitad del pago anual que le debe hacer Acciona por la concesión de ATLL. La empresa de los Entrecanales paga 15,6 millones anuales a la administración catalana en concepto de canon por la concesión, pero este 2017 sólo deberá abonar 8,6 millones, el resto se prorrogan hasta 2018.
Paga el contribuyente
Este 'indulto' anual se explica desde la propia conselleria como una medida para que ATLL no suba la tarifa este año, a cambio de que la Generalitat la asuma con dinero público. En todo caso, durante 2017, los consumidores no notarán la subida del agua en sus facturas, pero la pagarán igualmente con sus impuestos.
Si bien en 2018, Acciona debería pagar 22,6 millones (15,6 millones anuales más los 7 millones aplazados), sucede que en los próximos meses se espera que el Tribunal Superior dicte sentencia sobre la concesión irregular de ATLL. La Generalitat no ha escondido nunca su deseo de volver a gestionar el agua en alta desde el sector público, como sucedía hasta 2012, y ya ha adelantado que así lo hará si la sentencia le es favorable. Si se diera esa situación, el Govern ya ha asumido que deberá pagar entre 300 y 400 millones a Acciona en concepto de indemnización, por el pago inicial que se hizo más algunos añadidos. Este desembolso no está provisionado en los nuevos Prespuestos de la Generalitat.
No sería extraño que el Tribunal Supremo anulara el contrato de ATLL a la empresa de los Entrecanales, ya que seguiría la línea que marcaron en el pasado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y el propio ente que regulaba los contratos públicos de la Generalitat, el OARCC, que denunció fallos en el procedimiento.
En el caso de que se dictaminara que ATLL debe seguir en manos de Acciona, hay un plan B. En 2018 está prevista la revisión quinquenal del contrato donde ambas partes pueden cambiar las condiciones. En esta revisión se podría reducir o aumentar, por ejemplo, el canon que paga la empresa a la Generalitat, en función de la coyuntura económica y otros factores externos.
